El Gobierno sigue adelante con la supresión de los peajes de las autopistas

Formaliza el contrato de los estudios de tráfico de los tramos de la AP-7 entre Tarragona y La Jonquera y la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell (Tarragona), cuyas barreras se levantará en agosto de 2021

Aunque se vienen encima tiempos de estreches presupuestarias por el gasto para hacer frente al coronavirus, el Gobierno no está por la labor de hacer caso al sector concesionario español. Hace un par de semanas, la patronal que engloba a estas empresas, Seopan, sugirió que tal vez habría que plantearse implantar peajes en todas las vías de capacidad. Con ello, defienden, se recaudaría lo necesario para financiar la red y se liberarían fondos para fines sociales en los que se necesitan con urgencia como las pensiones o la sanidad. Pero la intención del Ejecutivo es toda la contraria, seguir levantando los peajes de los contratos que vayan venciendo en los próximos años.

El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) anunció ayer que ha formalizado un contrato por valor de medio millón de euros para elaborar “un estudio de tráfico y de movilidad del entorno viario” de las autopistas AP-2 y AP-7, dado que ambas concesiones finalizan en agosto de 2021. En concreto, en esa fecha concluyen los contratos del tramo de la AP-7 entre Tarragona y La Jonquera, y de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell (Tarragona). Con estos estudios, lo que Transportes trata de determinar son las “mejores soluciones” para las obras y actuaciones que sea preciso acometer en las autopistas para acomodar la demanda tras la prevista “redistribución” de los tráficos una vez se levanten los peajes, como pueden ser la remodelación de enlaces existentes o la implantación de otros nuevos.

Planes de Gobierno

El Departamento que dirige José Luis Ábalos sigue así adelante con el plan que anunció al poco de llegar al Gobierno de ir suprimiendo de forma paulatina los peajes. Una supresión que, en cualquier caso, podría no ser definitiva. La intención de Ábalos es acordar con todos los partidos, en el seno de un pacto global sobre infraestructuras, cuál debe ser el futuro de estas vías. Las alternativas son dos: seguir financiándolas con cargo a los presupuestos del Estado o concesionarlas para que paguen por ellas los que las usan.

Aunque Ábalos no se ha posicionado de forma abierta a favor de implantar los peajes, sí que ha advertido en más de una ocasión de que el dinero no llega para todo y que hay que buscar recursos para el gasto social. Las compañías entienden, en este sentido, que implantar un peaje blando sería una vía rápida y efectiva para insuflar oxígeno a las arcas públicas. Según sus cálculos, si si se generalizan peajes de 9 céntimos por kilómetro en los 14.000 kilómetros de vías de gran capacidad interurbanas, el Estado podría lograr unos ingresos de 104.000 millones de euros en los 25 años de duración de las concesiones. Además, Seopan calcula que el Estado se ahorraría anualmente 850 millones de euros en gastos de conservación y explotación, que serían asumidos por las concesionarias; e ingresaría cada ejercicio unos 4.700 millones de euros en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades que devengarían esos peajes. En total, si el sistema se articulase a través de un pago inicial a las concesionarias de 5.614 millones de euros y uno anual de 4.827, los ingresos anuales para todas las administraciones por los diversos conceptos ascenderían a 12.649 millones de euros. Sus cálculos están hechos teniendo en cuenta una caída del tráfico del 35%.