El enfrentamiento de Iglesias con Calviño pospone a este viernes la aprobación de los 11.000 millones de ayudas

Podemos apuesta por más ayudas directas a pymes y a autónomos y por no dejar su control a las autonomías

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Las nuevas ayudas por importe de 11.000 millones de euros destinadas a rescatar a las pymes y a los autónomos más castigados por la pandemia del coronavirus se han convertido en un nuevo campo de batalla que enfrenta a los dirigentes de Unidas Podemos con la Vicepresidencia de Asuntos Económicos del Ejecutivo. Este enfrentamiento ha provocado que el Ejecutivo haya decidido posponer su aprobación, prevista mañana por el Consejo de Ministros, a este viernes, jornada en la que se reunirá con carácter extraordinario para dar vía libre a estas ayudas, según confirman a LA RAZÓN fuentes de Moncloa. Nadia Calviño ha elaborado un real decreto ley en el que se regula este nuevo rescate a las empresas, edificado sobre tres pilares. El primero, dirigido a la reestructuración de la deuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El segundo, orientado a la recapitalización con créditos participativos y deuda subordinada de pymes. Y, el tercero, destinado a ayudas directas a las pymes y a los autónomos que no accedan a las anteriores líneas de actuación. Este último pilar y su articulación, precisamente, se han transformado en la manzana de la discordia entre los miembros de la formación morada y los del equipo de Calviño. La vicepresidenta baraja una cifra de ayudas directas cercanas a los 2.700 millones de euros. Esta cuantía es compatible, en su opinión, con la reestructuración de la deuda del ICO y la recapitalización de las pymes, medidas que considera prioritarias para evitar que la crisis económica mude en una financiera ante una ausencia de solución a los problemas detectados ya de solvencia.

Después de decidir los tres ejes de este plan, Calviño ha tenido que solucionar «la cuestión procedimental de cómo conseguir que las ayudas directas lleguen de forma eficaz a autónomos y empresas». En este sentido, ha optado por poner en manos de las comunidades autónomas las mismas para garantizar su eficiencia y que lleguen a las empresas más castigadas por la pandemia, con el fin de que este rescate garantice su supervivencia en la era postcovid. Estas ayudas directas estatales se sumarán a los 2.000 millones que las comunidades dedicarán también a ayudas directas a los sectores económicos más afectados por la crisis. Esta decisión, la de transferir a las autonomías estas ayudas, y la cuantía de las mismas, han desatado el malestar en las filas de Unidas Podemos, partidarias de que se eleven a 8.000 millones de euros y de que el control sea nacional y no se territorialice, según consta en un documento de recomendaciones al real decreto, elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, liderada por Nacho Álvarez. Esta cuestión de procedimiento es la que se debatía a última hora de la tarde de este lunes y la que, al final, ha impedido que mañana el Consejo de Ministros de luz verde al real decreto que regula este nuevo rescate a pymes y a autónomos. No obstante, el presidente del Ejecutivo desea que se apruebe cuanto antes. De ahí que se haya decidido la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros este viernes para su aprobación.

En cualquier caso, tanto la cifra propuesta por la vicepresidenta económica como la defendida por Podemos se encuentra muy lejos de las estimaciones realizadas por el sector de la hostelería y de la restauración. Solo la hostelería y el comercio solicitan al Gobierno desde hace semanas ayudas directas por un importe de 12.000 millones de euros. Mientras, el Partido Popular cuantifica las necesidades de los sectores económicos más azotados por la crisis económica en 50.000 millones, casi cinco veces más que los cálculos efectuados por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en este nuevo paquete de rescate a las empresas.