130 años de espera más para que las mujeres conquisten el mundo

Los niveles más altos de poder siguen lejos de la paridad de género. Solo 22 países están liderados por una mujer y, al ritmo actual de progreso, quedan 130 años para alcanzar la paridad de género a nivel de jefatura de Estado o de gobierno.

La desigualdad se repite en más niveles de la administración pública. Según datos de Naciones Unidas, el 75% de los escaños parlamentarios a nivel mundial están ocupados por hombres, igual que el 79% de los ministerios. Solo 14 países tienen gabinetes paritarios y la igualdad en los parlamentos no se logrará hasta 2063.

La falta de mujeres en las posiciones más altas de la pirámide de poder obedece a un “efecto combinado de barreras estructurales que refuerzan normas, prácticas y políticas discriminatorias”, según explica la experta de la sección de Participación y Liderazgo de las Mujeres de ONU Mujeres Marta Val.

Lo primero que hay que tener en cuenta, destaca Val en una entrevista concedida a Europa Press, es que las instituciones políticas, como partidos políticos, parlamentos y órganos de administración electoral -”históricamente diseñadas y ocupadas por hombres”-, están inmersas en normas y prácticas que discriminan a las mujeres, lo que, en última instancia, limita su acceso a las posiciones de poder. Es decir, la política es uno de los ámbitos donde el liderazgo masculino se presenta, prácticamente, sin erosionar.

La experta destaca que otras barreras estructurales se manifiestan, por ejemplo, en determinados sistemas electorales, que “reducen las oportunidades de las mujeres candidatas”, y “dificultades como la falta de acceso a documentos de identidad, que les impide registrarse, postularse a cargos e, incluso, votar”.

A estos factores hay que sumar normas sociales y actitudes que refuerzan estereotipos de género perjudiciales. En este ámbito, destaca la falsa creencia de que los hombres tienen mayor capacidad de liderazgo, mayor carisma y en ellos se manifiestan con mayor claridad determinadas características políticas, como la lealtad o el prestigio social. “Los medios de comunicación y la industria del entretenimiento, además, perpetúan los estereotipos de género negativos y refuerzan esas normas”, puntualiza Val.

Pertenencia histórica al ámbito privado

En este sentido, la pertenencia histórica de las mujeres al ámbito privado y la separación clara con el género masculino, que se ha desarrollado en el ámbito público y lo ha diseñado a su medida, juega un papel “fundamental” en la falta de representación femenina en altos cargos.

Según recuerda Val, las normas sociales sobre roles de género mantienen a las mujeres como las responsables del trabajo doméstico y del cuidado de menores y dependientes, también cuando trabajan fuera del hogar. Las mujeres emplean más del doble de tiempo que los hombres en el trabajo doméstico no remunerado, una circunstancia que, detalla la experta, impacta de manera negativa “en la participación en el mercado laboral, la capacidad de movilidad y de establecer redes, fundamentales para forjar carreras políticas”.

Datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) muestran que la tasa de actividad entre las mujeres de entre 25 y 54 años se sitúa en el 63%, en comparación con el 94% de los hombres. La diferencia salarial de género estimada es de un 23%. Mientras, las mujeres están “sobrerrepresentadas” en la economía informal y los empleos “más vulnerables”, con más probabilidades de vivir en la extrema pobreza.

“La falta de financiación es también una de las principales barreras para emprender carreras políticas”, remarca Val. Pone de manifiesto que los sistemas electorales donde las campañas dependen de grandes donaciones privadas ponen en “desventaja” a las mujeres, quienes también tienen mayores dificultades para obtener contribuciones de los partidos, que “tienden a apoyar a quienes ya ocupan cargos, normalmente hombres”.

Las mujeres tampoco tienen el mismo acceso a los recursos disponibles, como los educativos, que conducen a la ocupación de altos cargos en la jerarquía de poder. “La participación plena de las mujeres en la vida pública depende de que accedan a la protección social y servicios públicos, en particular, la salud y la educación”, señala la experta, que ha puesto en foco en las mujeres que sufren “múltiples formas de discriminación”, como las indígenas, las pertenecientes a minorías raciales y las migrantes.

Unos 500 millones de mujeres y niñas mayores de 15 años carecen de las capacidades de lectura y escritura, según un análisis realizado con motivo del 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, en 2020.

Discriminación una vez dentro

Es notorio que la presencia de las mujeres en la vida pública no resulta cómoda a según qué actores. La experta recalca que la presencia femenina en el ámbito público se enfrenta a una oposición “firme” e, incluso, “violenta”. “El maltrato, el ciberacoso y el acoso sexual ‘online’ afectan cada vez más a las mujeres implicadas en la vida pública”, señala, incluyendo en este grupo a las defensoras de Derechos Humanos y líderes de organizaciones de mujeres.

Val añade que cuando las mujeres acceden a estos espacios “tan masculinizados” se enfrentan también a múltiples prácticas discriminatorias y menciona en este sentido la diferencia salarial o el acoso sexual. Por ejemplo, a pesar de los datos que ofrece la Unión Interparlamentaria sobre la violencia denunciada por parlamentarias, menos de una cuarta parte de los parlamentos tiene alguna política de acoso sexual aplicable a los parlamentarios.

Inversión en cuidados

Hay algunas herramientas que pueden favorecer las oportunidades de las mujeres para acceder a los escalones más altos de poder. La experta de ONU Mujeres destaca las cuotas, inversión en cuidados y una financiación política más inclusiva.

En referencia a las cuotas, Val subraya que, si están “bien diseñadas e implementadas”, pueden aumentar la representación femenina. Los 84 países con cuotas tienen una representación media del 26% de mujeres en el parlamento, frente al 21% de los países sin estas normativas.

En este punto, la experta recuerda que, a pesar de la existencia de estos mecanismos, las normas sociales y los estereotipos de género negativos “obstaculizan su implementación”. Aquí alude a hacer un “arduo esfuerzo” en materia de “sensibilización social”.

En esta misma línea, Val reclama “inversión en la economía del cuidado, con políticas públicas que promuevan condiciones de trabajo compatibles con la familia”. Buenos ejemplos serían la prestación de servicios de guardería en instituciones y empresas o la adopción de prácticas inclusivas.

Por último, en cuanto a la financiación política más inclusiva, la experta de ONU Mujeres pone en valor aquellos donde los fondos públicos se supeditan a la distribución por igual entre candidatos y candidatas.