El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitirá “en pocos meses” el informe sobre el permiso para la construcción de la instalación radioactiva de la mina de uranio que la compañía australiana Berkeley quiere levantar en Retortillo (Salamanca), tal y como avanzó LA RAZÓN en diciembre. Así lo ha confirmado hoy el presidente del CSN, José María Serena i Sender, que ha acudido hoy al Congreso de los Diputados para dar cuenta de lo que ha calificado como presiones “impropias e improcedentes” de la compañía al consejo para dar luz verde al documento.

Hace una semanas, Serena denunció que Berkeley había remitido varias cartas al CSN para apremiarle para que se pronunciase sobre la autorización, la última que necesita la minera antes de que el Ministerio de Transición Ecológica decida de forma definitiva sobre el proyecto. Según Sender, se trata de misivas que incluyen “solicitudes y advertencias impropias” relacionadas con un proceso de licenciamiento de “gran envergadura y complejidad” y que es “totalmente novedoso en España”. En su opinión, las cartas son “inaceptables” porque insinúan que el CSN toma sus decisiones “atendiendo a consideraciones políticas o ideológicas y no exclusivamente técnicas”. “El Consejo tomará sus decisiones con absoluta independencia de cualquier poder y lo hará en función de rigurosos criterios técnicos”, ha advertido Sender.

Berkeley, que ha negado cualquier presión sobre el organismo de seguridad nuclear, lleva cuatro años esperando el veredicto del CSN. Un largo plazo que se ha dilatado, según el consejo, no por injerencias políticas sino por la “insuficiencia y deficiencias” en la calidad de la documentación remitida por la empresa, la última “hace apenas tres semanas”. Sender ha explicado que de los once informes establecidos y en los que trabajan cincuenta técnicos, aún faltan tres de ellos. De estos, dos ya están siendo analizados al contar ya con toda la información requerida y respecto al último, ha dicho que se ha recibido la información para su próximo análisis.

Aunque Serena ha recordado que el consejo no tiene un plazo establecido para emitir su informe, se ha declarado como “el primer sorprendido” por el “prolongado” periodo de tiempo de esta evaluación de autorización. En el proceso, según ha asegurado, se han producido hasta 40 reuniones “documentadas” desde 2016 con Berkeley para “clarificar dudas” sobre el proyecto, lo que ha provocado retrasos “mes a mes” sin que pueda achacarse a un retraso “intencionado” o a “falta de profesionalidad” como “parecían insinuar” algunas de las cinco cartas recibidas desde 2019 por el presidente del regulador. “Durante esos cuatro años, ha habido y sigue habiendo una demostrada y demostrable continuación de la evaluación de esta solicitud, sin tiempos muertos, más allá de las interrupciones de plazo que genera el titular”, ha apostillado al tiempo que ha insistido en que lo importante no es el plazo sino emitir un informe riguroso. “Les garantizo que el CSN ha cumplido plenamente y sigue cumpliendo con la normativa vigente en relación con la solicitud de Berkeley de autorización de construcción de la citada planta de Retortillo formulada en 2016, no habiendo incurrido ningún tipo de irregularidad o incumplimiento en cuanto a los plazos de tramitación se refiere”, ha sentenciado.

Último informe

El informe del CSN es el último que queda pendiente antes de que el Ministerio de Transición Ecológica decida sobre la autorización o no del proyecto. Aunque no es vinculante en caso afirmativo, sí lo es si fuera negativo y echaría por tierra el proyecto de Berkeley. La minera aseguró a finales del pasado año de que se trata de un dictamen técnico y que el CSN les había trasladado que no había encontrado impedimentos para pronunciarse en contra de la mina.

Aunque el CSN no tenga un plazo fijado para evacuar el informe, lo cierto es que para Berkeley los tiempos sí son importantes. La pasada semana, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Cambio Climático, que ahora se ha remitido al Senado. La norma incluye un artículo que prohíbe las minas de uranio en España. Y aunque no afectaría al proyecto de Retortillo, lo cierto es que, de aprobarse de forma definitiva antes de que el CSN envíe su dictamen, complicaría mucho sus intereses. De ser afirmativo, implicaría que el Ministerio de Transición Ecológica tendría que dar luz a un proyecto minero contra el que ha legislado de cara a futuro aunque no le afecte la norma por haber comenzado su tramitación con anterioridad.