El Partido Popular ha vuelto a retomar con fuerza la causa iniciada contra la concesión de una multimillonaria ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea venezolana Plus Ultra. Y lo ha hecho vinculando la presunta ilegalidad de la ayuda al caso conocido como «Delcygate».

El PP ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid –que investiga la ayuda de 53 millones concedida por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra– que se requiera a Aena «la entrega inmediata de las imágenes obtenidas en el Aeropuerto de Barajas», la noche del día 19 al 20 de enero de 2020, a través de su circuito de videovigilancia, «para evitar la destrucción o supresión de las mismas». El PP considera que ambos hechos están vinculados y que «la irregular concesión por el Gobierno español de ayudas económicas a una empresa participada en su capital social por empresarios venezolanos vinculados a la Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez –con la participación directa del ministro de Transportes, José Luis Ábalos– bien podría guardar relación con la incomprensible vulneración de las restricciones de acceso o tránsito por la Unión Europea, antes referidos, así como el hecho anómalo y sospechoso de haberse permitido introducir a la nombrada vicepresidenta venezolana carros repletos de maletas, sin ningún control aduanero en España, con la muy extraña presencia y amparo del ministro Ábalos», reza el recurso interpuesto.

Según defiende el partido de Pablo Casado, «no es descartable, por tanto, que anulada la posibilidad de repetir en el futuro el mismo procedimiento, empleando para ello aviones oficiales del régimen venezolano, se haya decidido emplear, para continuar introduciendo en España mercancía ilegal, la apariencia de legalidad de un tráfico aéreo ordinario, con una empresa aérea que se rescata para la ocasión».

El pasado mes de abril, la juez Esperanza Collazos abrió diligencias contra el que fuera presidente de la SEPI y actual vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración de la SEPI por una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea.

El PP se personó en la causa como acusación particular para demostrar que este rescate es «incomprensible en términos económicos y jurídicos» a la vez que se visualice que esta aerolínea «tiene evidentes connivencias con el régimen venezolano».

Con la petición de las cintas, el PP pretende «dilucidar las posibles responsabilidades penales que en la concesión de tan irracional ayuda se hayan podido cometer, con daño al erario público». Además, a través de su demanda pretende dilucidar «qué servicios o beneficios están pagando los poderes públicos (y por ende todos los españoles), mediante la concesión del rescate al régimen de Venezuela, o más bien, qué clase de tráfico trata de garantizarse, o encubrirse, con Venezuela bajo la apariencia de una rescatada empresa de aviación comercial».

El PP solicita la creación de una comisión judicial que corrobore sobre el terreno todas las dependencias que se usaron aquella noche de enero para cotejar las posibles cámaras que pudieron captar los distintos hechos. También se requiere el clonado de los equipos informáticos para corroborar si se han editado o borrado las imágenes originales, así como investigar a los responsables de la seguridad en Barajas.