Rebelión de los interinos ante los planes de Iceta: «Es un error inasumible»

Los planes del Gobierno para reducir la temporalidad en las administraciones han chocado contra la rebelión de los actuales trabajadores interinos, que quedan fuera de la reforma tal y como está planteada, y de los sindicatos con representación en el sector público. «La propuesta del Gobierno es absolutamente inasumible», aseguraba ayer el presidente del sindicato CSIF, Miguel Borra, sobre la reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público. «Es un grave error», añadía. La mecha contra los planes del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que pretende incluir la cláusula por la que «transcurridos tres años desde el nombramiento del interino se producirá su cese sin que pueda cubrirse esa vacante en el plazo de un año», prendió el pasado fin de semana con anuncios de huelga en la Comunidad Valenciana en las administraciones ante el «ataque sin precedentes a los derechos laborales del personal temporal e interino».

Aunque las negociaciones continúan y la intención de Iceta es alcanzar un acuerdo a lo largo de esta semana, las fuentes consultadas por LA RAZÓN aseguran que se está muy lejos y que «pinta mal» si no se modifican aspectos cruciales del planteamiento inicial del Gobierno.

En este sentido, Borra consideró «necesario» establecer unas sanciones civiles, penales y administrativas para quienes abusen de la contratación o que contraten en fraude de ley, tanto como gestores públicos como a las propias administraciones. CSIF considera que se está ante una oportunidad histórica de afrontar el problema de la temporalidad, que supera el 35% entre las comunidades autónomas y sectores como la Educación o la Sanidad. «Hemos tenido ya distintos procesos estabilizadores en este país y al final siempre nos vuelve a pasar lo mismo», advirtió Borra, quien cifró en 800.000 el número de interinos que están trabajando en España en una situación «precaria». Asimismo, el presidente de CSIF subrayó desde Mérida que hay que avanzar hacia «procesos de estabilización» donde los exámenes sean «adecuados» al puesto, al tiempo que abogó por que la fase de concurso puntúe «lo máximo que permite la ley», que es un 40%. También demandó que las plazas que salgan en las ofertas públicas sean de «nueva creación» y que no se saquen las ocupadas por el personal temporal en estos momentos.

CSIF defiende que la reforma vaya más allá del artículo 10 del Estatuto del Empleado Público y que se aborde también la temporalidad en todo el sector, donde como en el caso de las empresas estatales, hay una elevada temporalidad y que se reconozca al personal temporal «derechos y condiciones laborales», lo contrario de la propuesta de Iceta que no reconoce la posibilidad de «tener carrera profesional, impide determinados permisos y excluye el derecho a una indemnización» para los interinos.