¿Por qué el precio de la luz sube tanto?

El coste de generación está en torno a 80 euros mwh, frente a 49 euros en las mismas fechas de 2019 y 58 euros en 2018. La subida ha coincidido con la entrada en vigor de la nueva factura eléctrica

Un grupo de personas se manifiestan en la puerta del Sol de Madrid para protestar contra la subida del precio de la electricidad
Un grupo de personas se manifiestan en la puerta del Sol de Madrid para protestar contra la subida del precio de la electricidadAlberto R. RoldánLa Razón

El coste de generación de la energía eléctrica alcanza unos niveles anormalmente altos para un mes de junio: este pasado viernes, por ejemplo, el precio medio diario se ubicó en 80 euros el megavatio-hora, cuando por estas mismas fechas en 2019 se ubicaba en 49 y en 2018 en 58. Dado que esta muy intensa escalada en el coste de la generación eléctrica coincide con el cambio de régimen tarifario que ha impuesto el Gobierno de PSOE-Podemos desde el pasado 1 de junio, es harto probable que muchos ciudadanos vinculen estos precios crecientes con la nueva factura de la luz. Pero deberíamos evitar mezclar temas que son de distinta naturaleza.

Primero, es verdad que el cambio en las condiciones de facturación va a suponer un encarecimiento de la luz para casi diez millones de usuarios: de acuerdo con la CNMC, todos aquellos que estuvieran acogidos a la antigua tarifa 2.0 DHA (es decir, potencia contratada de hasta 10 kW y discriminación horaria en dos tramos) sufrirán una subida de precios cercana al 10% con la nueva facturación. Sin embargo, y al mismo tiempo, la CNMC también estima que alrededor de 18 millones de usuarios experimentarán una rebaja con respecto al régimen tarifario anterior: en concreto, así sucederá con quienes tuvieran contratada la tarifa 2.0 A (potencia hasta 10 kW sin discriminación horaria), la 2.1 A (potencia hasta 15 kW sin discriminación horaria) o la 2.1 DHA (potencia hasta 15 kW con discriminación horaria en dos tramos). A decir verdad, los cálculos de la CNMC probablemente sean demasiado optimistas puesto que presupone que las familias alterarán de un modo significativo sus hábitos de consumo y que, por esa vía, lograrán un ahorro; pero incluso con supuestos más realistas, esos 18 millones de usuarios se quedarán aproximadamente en tablas con la nueva modalidad de facturación.

Siendo así, si el verdadero fondo del problema no es (salvo para los 9,6 millones de usuarios de la antigua tarifa 2.0 DHA) el cambio en los términos de facturación, ¿a qué se debe que estamos pagando la electricidad mucho más caras que otros años? Pues a dos motivos.

Por un lado, los precios del gas se hallan en máximos desde hace diez años (salvo por algún breve periodo desde entonces en que se ubicaron temporalmente por encima de sus cotas actuales) y el gas es la materia prima que alimenta la tecnología habitualmente marginal en nuestro mercado eléctrico (la tecnología marginal es la que fija en cada momento el coste de generación eléctrica). Por consiguiente, un gas más caro inevitablemente significará una electricidad más cara. Por otro, el precio de los derechos de emisión de CO2 (las autorizaciones administrativas que necesitan adquirir las eléctricas que usen combustibles fósiles para poder generar electricidad) se ha disparado durante los últimos meses como consecuencia de la progresiva reducción de su oferta orquestada por la Unión Europea para acelerar la descarbonización de la economía (cuanto más caros son los derechos de emisión de CO2, más relativamente competitivas se vuelven las energías renovables).

Así que ya tienen la explicación de por qué se encarece la luz: el combustible con el que se genera la electricidad en el margen (el gas) se ha subido de precio en los mercados y las autorizaciones administrativas necesarias para que parte de nuestras centrales puedan generar electricidad también se han encarecido por orden de Bruselas. El cambio de la factura eléctrica sólo va a ser, para varios millones de familias, la guinda de este mucho más caro pastel.

El Gobierno controla el precio de la luz

Un argumento muy repetido para explicar el encarecimiento de la electricidad es la privatización a la que fue sometido parcialmente el sistema a partir de 1996. Según esta narrativa, las compañías se habrían convertido en un oligopolio con un enorme poder para manipular el mercado, de modo que han estado inflado artificialmente los precios de los consumidores. El problema de esta tesis es que el coste de la energía (que es la parte del precio final de la electricidad que podrían terminar manipulando estas compañías) apenas representa el 25% del total: el otro 75% del precio son costes regulados, los cuales son fijados directamente el gobierno en el BOE (peajes de transporte y distribución, recargos de política energética e impuestos). Por consiguiente, poco poder de mercado pueden ejercer las eléctricas sobre tres cuartas partes de la factura.

Complacencia con la deuda pública

En un reciente estudio, varios economistas han puesto de manifiesto que los gobiernos occidentales tienen una tendencia patológica a subestimar sus niveles de deuda pública futuros. Justamente por eso, el Gobierno español debería ser precavido a la hora de efectuar su planificación financiera a largo plazo: el Ejecutivo confía en reducir el peso de la deuda pública sobre el PIB desde el actual 120% al 112% en 2024. Pero para ello lo fía todo al crecimiento nominal de nuestra economía. ¿Qué sucederá entonces si a medio plazo crecemos menos de lo que espera el gobierno o incluso si caemos en recesión (o sufrimos algún otro grave percance en el futuro, como lo ha sido la pandemia)? Deberíamos empezar a planificar activamente una reducción de nuestra deuda pública por lo que pueda llegar a suceder que no somos capaces de prever.

Armonización fiscal global

El G-7 ha cerrado el establecimiento de un tipo mínimo global de Sociedades. De este modo, las empresas multinacionales abonarán a sus haciendas nacionales un gravamen mínimo (por ejemplo, del 15%) con independencia de cuánto estuvieran obligadas a tributar en los países en los que desempeñan su actividad y con independencia de si optan o no por repatriar beneficios. Las consecuencias de este cambio serán negativas para el crecimiento económico global (estas compañías poseerán menor autofinanciación para reinvertirla en proyectos que sepan rentables) y a largo plazo debilitará la competitividad fiscal de las jurisdicciones que se sumen a este acuerdo armonizador. Otros países que opten por no recaudar ese impuesto mínimo global terminarán convirtiéndose en entornos mucho más atractivos para ubicar la sede fiscal de las compañías.