Un millón más de pobres, 5 millones sin trabajo y 226.000 millones más de deuda

La jornada del 1 de junio de 2018 parece cosa del pasado más remoto de la historia española. Sin embargo, desde entonces hasta ahora han transcurrido tan sólo tres años. Eso sí, tres años que han convulsionado la vida política y han hecho temblar los cimientos económicos con una intensidad y dureza desconocidas hasta la fecha. En poco más de mil días, han desaparecido de la escena nacional políticos de la talla de Mariano Rajoy, Albert Rivera y Pablo Iglesias y fuerzas que otrora despuntaban, como Ciudadanos y Podemos, están en estos instantes tocadas por el ángel caído. Mientras, medio Gobierno catalán ha pasado a la clandestinidad y otro medio está a punto de ser indultado. A los cadáveres políticos, que este breve y convulso período de nuestra historia ha dejado en la cuneta, hay que añadir el cataclismo económico sufrido por la Comunidad Internacional, que ha supuesto el fin del orden mundial económico conocido hasta ahora y que ha empujado a nuestro país al borde del abismo.

El panorama no puede ser más desolador: una media de cinco millones de parados, más 1,2 millones de hogares con todos sus miembros desempleados, un millón de personas más en el umbral de la pobreza, un desplome de la economía sin precedentes desde la Gran Depresión de casi el 11% del PIB, un déficit público del 11% del PIB y una hipoteca de 1,4 billones de deuda pública (226.000 millones más de la que dejó Rajoy), que deberán pagar las actuales y venideras generaciones, al menos, durante cien años. De hecho, la OCDE advierte de que la deuda se puede disparar en 2050 hasta un insostenible nivel del 171% del PIB sin una reforma en profundidad del sistema de pensiones. El sombrío escenario actual se completa con un cierre masivo de empresas y centenares de miles de autónomos agonizando. Esta es la herencia del Ejecutivo actual tras tres años guiando los designios del país.

En estos momentos, en uno de los de mayor deterioro de su imagen, su bálsamo de fierabrás para reparar la maltrecha economía se basa en acelerar el ritmo de vacunación anticovid y con ella el regreso de los turistas a España, así como en la llegada de los fondos europeos (140.000 millones que dará Bruselas a nuestro país para la reconstrucción), retrasada, en principio, hasta septiembre. Pero la cicatrización de los costurones abiertos en canal por la crisis exigirán una vuelta más de tuerca para el contribuyente. Por un lado, con la adopción de reformas estructurales. Al final, el Ejecutivo deberá emplear por imposición de Bruselas el bisturí en el mercado laboral, en el sistema de pensiones y en las administraciones públicas. Y, por otro, prepara, una vez se asiente la recuperación, una subida generalizada de impuestos, en parte, peaje por sus pactos con ERC y Podemos.

A ralentí

Ante este escenario, lejos queda ya, ese fatídico, para unos, e ilusionante, para otros, día 1 de junio de 2018, donde en veinticuatro horas se ventiló el destino del país. La moción de censura contra Rajoy triunfó y Pedro Sánchez fue investido séptimo presidente del Gobierno. El resto de los acontecimientos queda ya para los anales de la historia reciente española. El nuevo inquilino de La Moncloa heredó una economía relativamente saneada, después de que la crisis de 2008 pusiera en jaque al sistema financiero español. En 2018, España crecía a unas tasas del PIB superiores al 2%, la deuda pública aún se mantenía por debajo de la barrera psicológica del 100% del PIB y el déficit público cumplía con las exigencias de Bruselas, con un desfase del 2,5% del PIB. El PP le legó los Presupuestos Generales de 2018, que se vio obligado a prorrogar hasta los actuales de 2021.

Desde que Sánchez tomó las riendas del país su debilidad parlamentaria impidió hasta diciembre de 2020 la fumata blanca del Congreso de los Diputados para poner en pie unos nuevos Presupuestos del Estado, no sin antes abonar una elevada minuta. De entrada, le costó dos convocatorias de elecciones generales, en abril y noviembre de 2019, hasta lograr cerrar un pacto de gobierno con Unidas Podemos, más que cuestionado por la vieja guardia socialista, que le ató de pies y manos en las materias económicas más relevantes (reformas de pensiones y del mercado laboral, subida de impuestos, creación del IMV, vivienda...) así como acuerdos de legislatura con los nacionalistas, que le forzaron a una hoja de ruta sinuosa, repleta de claroscuros. De hecho, el optimismo por la aprobación in extremis en diciembre de 2020 de esas cuentas, convertidas en papel mojado prácticamente al inicio de su andadura, se esfumó casi al instante por un error de cálculo en la persistencia de la actual crisis.

Después de un año, 2019, con una economía a ralentí por las citas electorales, el 14 de marzo de 2020 quedará grabado a fuego en la memoria colectiva. Ya nada será igual, ni se podrá desandar el camino transitado. En esa jornada, España inició un desigual combate contra la peor crisis sanitaria que se recuerda en décadas, mientras, su economía entró en caída libre. El sector turístico (el 13% del PIB con 2,2 millones de trabajadores) colgó el cartel de cerrado por covid-19. Los obreros de la construcción (1,3 millones de trabajadores y un volumen de negocio de 125.000 millones) descendieron de los andamios. Bares, restaurantes, tiendas de moda, zapaterías, peluquerías, grandes superficies... bajaron las persianas y muchas no las volverán a subir jamás. Las cadenas de producción de automóviles, que emplean a casi 600.000 personas, se silenciaron. Los aviones dejaron de surcar el espacio aéreo. Los trenes permanecieron estacionados en los andenes y el transporte por carretera quedó paralizado. El terror se apoderó de la población. Todo un país en sus casas y sin producir para combatir un letal virus. En marzo de 2020, de un plumazo se quedaron sin trabajo 7,6 millones de personas. Es decir que de cada 100 en edad de trabajar 28 no lo hacían. Ahora en junio de 2021, tres años después, el futuro es tan incierto como entonces.