Bruselas vincula el segundo pago de 16.000 millones a España al cumplimiento de las reformas

¿Será suficiente para abrir la puerta de los fondos europeos el plan de recuperación del Gobierno? ¿Cuándo llegarán estos recursos a España? Estas son las dos grandes incógnitas a despejar en las próximas semanas que pesan como una losa sobre el plan de recuperación del Ejecutivo. En principio, si la burocracia comunitaria no lo impide, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) dará sus bendiciones al plan de recuperación español en una reunión prevista en junio próximo. Con su plácet, ese mismo mes España recibirá sus primeros 9.000 millones de euros de los 27.000 millones de anticipo que tiene ya consignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 de los 70.000 millones que le corresponden en subvenciones a fondo perdido del plan de recuperación postcovid, que Bruselas habilitará por un importe de 754.000 millones de euros.

Es decir que la Unión Europea supervisará y estudiará hasta su aprobación durante dos largos meses el plan de recuperación que el Gobierno español remitió el viernes pasado a Bruselas, junto con los Programas de Estabilidad para el período 2021-2024 y el de Nacional de Reformas. Estos son los cálculos que ayer realizó la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, en rueda de prensa, sobre el calendario que maneja el Gabinete de Sánchez para la llegada de la ayuda europea a nuestro país. Pero la realidad es que la propia Calviño a principios de este año fijaba el primer trimestre de 2021 como la fecha de recepción de estos casi primeros 10.000 millones de euros, para luego posponerla hasta junio próximo.

Si esta vez se cumplen sus predicciones, ¿cuándo llegará a España la siguiente inyección de capital? En principio, se recibirán en el segundo semestre del año otros 16.000 millones de fondos europeos, que sumados a los 2.000 millones de ayudas del plan REACT-EU, destinado a reforzar el gasto sanitario y educativo de las comunidades autónomas, arrojan un total de los 27.000 millones recogidos en las cuentas públicas del presente ejercicio. Sin embargo, la llegada de esos 16.000 millones está vinculada a que Bruselas coteje que nuestro país cumple los «hitos y objetivos», vinculados a la reformas estructurales exigidas, entre las que destacan la del mercado laboral, la de las pensiones y la fiscal.

El Gobierno ya ha expresado su deseo de posponer la fiscal hasta 2023, pero considera «urgente» que la del mercado de trabajo entre en vigor en enero de 2022 para poder mandar a Bruselas la señal de que cumple con «los hitos y los objetivos». No obstante, de momento, negocia tanto la laboral como la de las pensiones con las organizaciones sindicales y empresariales, tal y como hace constar a Bruselas en su plan de recuperación. Por tanto, los desembolsos llegarán cuando se cumplan hitos y objetivos que irán desencadenando los pagos. En total, el Gobierno se ha fijado 330 hitos entre 2021 y 2023, aunque España ha conseguido ya 100.