Coche eléctrico sí; intervencionismo no

Tanto España, como Europea o EE UU están inmersos en un plan para descarbonizar nuestras economías con el objetivo de combatir el cambio climático. Aunque es verdad que sin la activa colaboración de China y de India en este asunto todos nuestros esfuerzos serán en vano (China ya emite más CO2 que todos los otros países desarrollados juntos), se trata de un objetivo razonable hacia el que orientarnos. Y dentro de ese objetivo, la promoción del vehículo eléctrico constituye una de las piezas fundamentales para reducir nuestras emisiones de CO2. La cuestión, claro, es quién debe orientarnos hacia ese propósito y cómo ha de hacerlo.

Los liberales tendemos a pensar que son las decisiones libres de cada individuo las que han de orientarse hacia tal finalidad: si los ciudadanos vamos cogiendo conciencia sobre los problemas del cambio climático y si, además, se van desarrollando nuevas tecnologías (como el coche eléctrico) que sean menos contaminantes e igual de eficientes que las que se basan en combustibles fósiles, entonces nos iremos descarbonizando poco a poco. Con todo, es verdad que el ritmo que marca el mercado podría no ser suficiente en este caso, dado que existen lo que los economistas denominamos «externalidades negativas», esto es, las emisiones de CO2 generan daños sobre terceros que sus emisores no toman en consideración cuando actúan.

Si generar daños sobre terceros «sale gratis», entonces tenderemos a generar más daño del imprescindible. Al respecto, se han planteado cuatro tipos de respuestas: la primera, de raigambre inequívocamente liberal, son fuertes reducciones de impuestos a todas las tecnologías que contribuyan a reducir las emisiones de CO2 (por ejemplo, los coches eléctricos), de tal manera que la I+D en esta materia reciba una fuerte inyección de inversión y se acelere el cambio productivo. La segunda, potencialmente compatible con el liberalismo, es un impuesto al CO2 que penalice los modos de vida y las tecnologías contaminantes, de modo que familias y empresas internalicen sus efectos nocivos y adapten correspondientemente su comportamiento. La tercera, incompatible con el liberalismo, es la inversión directa de dinero público para que sea el Estado quien emprenda y dirija este proceso de cambio tecnológico. Y la cuarta, también radicalmente incompatible con el liberalismo, es la prohibición absoluta de las tecnologías emisoras de CO2 (por ejemplo, la prohibición de los vehículos con motor de combustión a partir del año 2035).

Desgraciadamente, el Gobierno de España y Europa no apuestan ni por la primera ni por la segunda vía, sino por la tercera y la cuarta: es decir, más intervencionismo estatal, más dirigismo burocrático y menos libertad ciudadana. Coche eléctrico sí, pero sin imposiciones estatales de por medio.