El “icetazo” que amenaza los puestos de 800.000 interinos de la Administración Pública podría tener las horas contadas. El Congreso de los Diputados votará este miércoles la convalidación del real decreto pactado por el Gobierno y los sindicatos para reducir la temporalidad en el sector público. El popularmente conocido como “icetazo”, porque lo promovió el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, no ha logrado recabar los apoyos suficientes a pocas horas de la votación. La víspera del Pleno Extraordinario que se celebrará este miércoles 21 de julio, los principales socios parlamentarios del Gobierno como PDECat, ERC, la CUP y Bildu avanzaron que votarán en contra, Más País también se inclinó hacia el no y ni siquiera Unidas Podemos tenía ayer decidido su voto.

De cumplirse todos los pronósticos, el recorrido de esta reforma por decreto será más corto del esperado para el Gobierno de Pedro Sánchez. Este decreto plantea reducir la tasa de temporalidad de la Administración Pública, que en algunas administraciones supera el 30%, hasta un 8% general. Para lograrlo, Iceta propuso prohibir la temporalidad por más de tres años y penalizar a las administraciones públicas “que hayan demostrado desidia por haber contratado con fraude de ley”.

Los afectados por la reforma, unos 800.000 trabajadores interinos y temporales, deberán someterse a unas oposiciones especiales para “ganarse” la plaza que llevaban cubriendo, en ocasiones, media vida. El propósito de Iceta es que antes de 2025 se estabilicen 310.000 plazas ocupadas actualmente por interinos en toda España. Los 500.000 restantes que no logren un puesto serán compensados con 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades.

Aún sin mayoría asegurada

Por el momento, los “noes” parecen superar a los “síes”. En todo caso, aun contando con el “sí” del PSOE (120 diputados) y Unidas Podemos (35), el Gobierno quedaría lejos de asegurar la supervivencia de este decreto, que ya está en vigor, pero si no es convalidado decaerá. Por el momento, el Gobierno tiene amarrados el voto de Nueva Canarias y el del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), según han informado a Europa Press desde ambas formaciones. Por su parte, Unidas Podemos mantenía ayer que aún no habían tomado una decisión sobre el sentido del voto de sus 35 diputados. La formación morada lamenta la falta de “garantías”, exigiendo que las pruebas no sean eliminatorias y que los aspirantes puedan recurrir a la mejor nota alcanzada en los procesos anteriores.

En el lado del “no” se encuentran en estos momentos Vox (52), Esquerra Republicana (13), Bildu (5), el PDeCAT (4), Junts (4), la CUP (2), el Bloque Nacionalista Galego (1), Foro Asturias (1) y Coalición Canaria (1). Un total de 83 “noes”, a los que podrían unirse otros dos de Unión del Pueblo Navarro. También pueden pasar a este bloque Más País-Equo-Los Verdes (2) y Compromís (1), que se debaten entre el rechazo y la abstención. Desde Teruel Existe (1) se inclinan por la abstención, si bien buscarían tramitar como proyecto ley la norma para modificarlo, lo que abre la puerta a un posible apoyo.

No se han pronunciado aún ni Ciudadanos (9 diputados) ni el PNV (6), que afirman no tenerlo decidido. Sin embargo, su apoyo no bastaría para que el Gobierno, en caso de sumar los 155 votos de PSOE y UP, se garantizara el éxito. De no cambiar las cosas, el Gobierno estaría en manos del PP (89), que podría garantizar la supervivencia del decreto con su abstención, aun cuando Unidas Podemos decidiera desmarcarse de su socio y no lo apoyara. Sin embargo, queda en el aire, sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien aseguró que, vistas las dificultades para sacar adelante las votaciones, “está claro que el Gobierno hace aguas, tiene muy poco futuro y recorrido”. “Si tiene tantas dificultades para poder gobernar, lo que tiene que hacer es poner las urnas”, zanjó.

La reforma de Iceta logró el apoyo de los sindicatos representativos (CC OO, UGT, CSIF, CIG y ELA) pese a la disconformidad de las comunidades autónomas, que mostraron su recelo al exministro de Política Territorial y Función Pública el pasado 1 de julio, durante la Conferencia Sectorial en la que Iceta presentó el borrador de su plan para reducir la temporalidad. El rechazo se extiende a los miles de interinos afectados, quienes a través de diversas organizaciones se han movilizado para intentar tumbar el decreto en la fase parlamentaria.