Multa de 61 millones para el cártel de constructoras que “tomaban café” para repartirse la conservación de carreteras

La CNMC ha sancionado con 61,28 millones de euros a doce empresas por una infracción constitutiva de cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) desde 2014 a 2018, según ha informado el organismo. El organismo ya multó con 115 millones en 2019 a 15 compañías por repartirse los obras ferroviarias.

Las empresas sancionadas ahora son Acciona Mantenimiento y solidariamente su matriz Acciona (2,33 millones), Aceinsa (1,6), Alvac (5,8), API y solidariamente su matriz ACS (11,7), Audeca y solidariamente su matriz Elecnor (2,6), Copasa (5,6), Elsamex (4,04), Elsan y solidariamente su matriz OHL (3,02), Ferroser y solidariamente su matriz Ferrovial Servicio (5,7), Innovia y solidariamente su matriz Copcisa (3,3), Matinsa y solidariamente su matriz FCC (8,5), y Sacyr Conservación y solidariamente su matriz Sacyr (5,1).

El funcionamiento del cártel se desarrollaba, según la CNMC, a través de reuniones “para tomar café” donde las empresas que formaban parte del mismo establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

Criterios

El cártel, según Competencia, agrupaba las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas. El cártel asignaba una “bolsa” de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. Cuando mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos. De este modo, explica, “se limitaba el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo”.

Este sistema incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura. Las empresas acordaban también el umbral de descuentos para esas ofertas de cobertura y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo, según asegura la CNMC. De este modo, se conseguía alterar el umbral de anormalidad (calculado sobre la base de las ofertas presentadas en cada licitación) y podían conseguir que ofertas de empresas ajenas al cartel realmente competitivas fueran excluidas del proceso de contratación.

El sofisticado sistema diseñado por las empresas se fue adaptando a los sucesivos cambios en los pliegos de contratación introducidos por la administración. La mecánica empleada por el cártel resultaba particularmente compleja, facilitando la monitorización de su cumplimiento a la vez que se dificultaba enormemente su detección, según Competencia.

530 millones en adjudicaciones

La CNMC asegura que ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque ha detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, lo cual supone el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado.

La investigación que ha culminado con la multa arrancó en octubre de 2017, cuando el organismo recibió una información anónima alertando de la posible existencia de un cártel que afectaba al mercado de prestación de servicios de conservación y explotación de carreteras. Tras las inspecciones realizadas en varias sedes de las empresas que formaron parte del cártel en 2018, en julio de 2019 incoó un expediente sancionador contra 13 empresas y en diciembre de 2020 incluyó a Ferrovial Servicios en el mismo expediente sancionador, que finalmente no ha sido sancionada en concepto de autora, sino como responsable solidaria por al conducta de su filial (Ferroser).

Junto a la multa económica, la CNMC ha explicado que respecto a la prohibición de contratar con las administraciones públicas, las conductas anticompetitivas sancionadas se han prolongado más allá de la fecha de entrada en vigor de la prohibición de contratar (22 de octubre de 2015) por lo que “se aplica la prohibición de contratar a las empresas participantes en el cártel”. En este sentido, la CNMC ha decidido remitir a la Junta de Contratación del Estado la notificación de esta resolución a fin de que se inicie el procedimiento de determinación de la duración y alcance a las empresas sancionadas, en la medida que puedan seguir siendo licitantes en procedimientos de contratación pública.

Contra la decisión de la CNMC cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.