Trabajo

Las exoneraciones vinculadas a la formación, único escollo para prorrogar los ERTE

Se prorrogarán en dos fases: de forma automática hasta el 31 de octubre y con nuevas condiciones de noviembre al 31 de enero

Un hombre en la puerta de una oficina del SEPE de la Comunidad de Madrid
Un hombre en la puerta de una oficina del SEPE de la Comunidad de MadridAlejandro Martínez VélezEuropa Press

El acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero está muy cerca y es probable que se cierre en la reunión que mantendrán mañana los agentes sociales y el Gobierno. Fuentes sindicales confirmaron que solo existen dos escollos de relevancia, uno de ellos de especial trascendencia para los empresarios, como es la obligación de ofrecer formación a los trabajadores en ERTE siempre que se pretenda acceder a las exenciones en las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, defiende la medida para sacar cuanto antes a los trabajadores del paro «temporal» y evitar la picaresca. Además, será el Gobierno el que financie gran parte de los cursos aunque los empresarios deberán aportar para acceder a las exenciones.

Pero no solo los empresarios consideran que esa exigencia está fuera de lugar. Los sindicatos creen que no es el momento de plantear esa opción. La central UGT estima que, aunque es una «buena idea» vincular la formación a la situación de ERTE, «debe hacerse con las suficientes garantías, que no se dan en una prórroga que debe servir para llevar los ERTE por la Covid al 31 de enero de 2022».

CC OO, por su parte, aduce que esa modificación «debe abordarse en la mesa de modernización del mercado laboral», dentro de un nuevo mecanismo de flexibilidad interna que sustituya a los ERTE, vinculando las reducciones de jornada a planes de formación, y «no en la actual ronda de negociaciones».

En cualquier caso, la reunión celebrada ayer concluyó con avances significativos, según las mismas fuentes. que auguran un compromiso inminente ante la intención y la necesidad de que esta nueva extensión durante los cuatro meses venideros sea aprobada en el Consejo de Ministros del próximo martes.

El otro «inconveniente», que atañe en este caso a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es la resistencia del Gobierno a poner el «contador a cero» en relación con las prestaciones por desempleo, que –según los sindicatos– hasta al menos el 30 de junio de 2022.

El «contador a cero» desde el 1 de octubre del pasado año implica que los trabajadores en ERTE consumen días del derecho a desempleo generados en su carrera pero que, si son despedidas antes del 31 de diciembre de 2021, el SEPE se compromete a reponer esos días consumidos durante el ERTE. Los sindicatos quieren extender esa situación hasta la primavera del próximo año. En este caso, la vicepresidenta segunda parece receptiva, según las mismas fuentes, y podría alcanzarse una posición intermedia en las próximas horas.

Dos fases

Lo que sí está claro para evitar contratiempos es que la nueva prórroga se hará en dos fases: la primera extenderá los ERTE en las mismas condiciones que las actuales hasta el 31 de octubre. Se dará tiempo así a las empresas para adecuarse a las nuevas exigencias ya que, desde noviembre y hasta el 31 de enero de 2022 se introducirán nuevas condiciones, como la formación.

Además, las empresas deberán renovar la solicitud de ERTE. Para ello tendrán de plazo diez días: del 1 al 10 de octubre. La administración tendrá que responder a dicha solicitud en los diez días siguientes y, finalmente, en caso de no producirse una resolución en ese plazo se consideraría la renovación del ERTE como aprobada. Los sindicatos han logrado así eliminar la posibilidad de que el silencio administrativo fuera negativo, por lo que sin resolución se consideraba desestimada la renovación del ERTE.

CC OO también reclama recuperar a los fijos-discontinuos, que no aparecían en el anterior acuerdo, así como que haya nuevos ERTE de limitación de actividad en caso de que se establezcan restricciones a la actividad.