El salario máximo interprofesional, ¿la solución a la brecha salarial?

Aún con la reciente subida del salario mínimo el pasado 1 de septiembre, con la que el sueldo medio español se sitúa casi en los 1600 euros mensuales, la brecha salarial entre lo que gana un alto cargo y un trabajador de la misma empresa sigue incrementándose.

Según señala el centro de estudios estadounidense “Economic Policy Institute”, la diferencia entre los sueldos de los ejecutivos y el trabajador medio ha pasado de ser veinte veces superior en 1965, a 221 veces en 2018. Por otra parte, en nuestro país, mientras los beneficios de las empresas del IBEX registraron una caída del 36% en 2019, los principales ejecutivos mantuvieron o incluso elevaron sus retribuciones, alrededor de un 6%, frente a una reducción, del 1,2%, del salario de los empleados, según el estudio de Oxfam Intermón “Quién parte y reparte”, publicado en 2019.

Ante esta situación, algunos directores ejecutivos decidieron aumentar el sueldo a todos sus empleados y reducir el suyo, otros regalaron acciones de la empresa a sus trabajadores. El problema de esto es que, este tipo de acciones, dependen totalmente de la buena voluntad de los directivos, puesto que no son obligatorias ni están reguladas por un agente externo.

Para intentar solucionar esta problemática, diversos grupos de diferentes países, entre los que se encuentra España, han propuesto, a lo largo de los años, medidas para limitar la retribución máxima que se puede obtener por la realización de un trabajo. En otras palabras, un salario máximo interprofesional, concepto que hasta ahora no ha sido incorporado por ningún país. Uno de los primeros economistas en promover esta necesidad fue el profesor austriaco Christian Felber, promotor de la conocida como “economía del bien común”.

El límite salarial en España

En nuestro país este concepto ha sido objeto de varias consultas por parte de diferentes partidos políticos. En el año 2014, el antiguo partido político Podemos ya lo incluyó como medida en su programa electoral unos meses después de que ERC se lo solicitara al Gobierno. La coalición catalana defendía la idea de que un trabajador no pudiese percibir en un mes más que lo que ganaba otro en un año.

Una proporción de 1 a 12 que terminaría siendo debatida en el congreso en 2016. Un año antes, en 2015, el actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando se encontraba al frente del grupo IU, propuso un nuevo Estatuto de los Trabajadores en el que se planteaba que la retribución máxima legal no pudiera ser diez veces superior a la menor percibida.

Pocos países han conseguido sacar adelante este tipo de regulaciones salariales. En 2013, el Parlamento suizo rechazó por un 65% de los votos la iniciativa “1:12″, una propuesta del Partido Socialista Suizo para limitar los sueldos de los ejecutivos. En cambio, Israel si consiguió aprobar una reforma de la remuneración de los ejecutivos del sector financiero en 2016, prohibiendo que su paga fuese 25 veces superior a la del empleado peor pagado.

Diferencias en los sueldos entre empleados y directivos han existido siempre, ya en la época de la Transición, cuando el abanico salarial era tremendamente amplio, se llegó a acordar una política de rentas en la Moncloa que, entre sus objetivos, pretendía reducir esta brecha a través de un incremento salarial lineal. Algo similar a lo que pretende realizar el actual Gobierno elevando la presión fiscal de las rentas más altas, en lugar de crear un tope salarial. Una situación que, hace tan solo unos meses, dio lugar a una migración fiscal de “youtubers” de nuestro país a Andorra.

Los argumentos que barajan lo detractores de una retribución máxima suelen centrarse en la “fuga de talentos”, un problema al que ya se enfrentó, en 2012, el Gobierno egipcio cuando limitó los sueldos como medida de austeridad frente a la crisis en la que se encontraban.