El agujero del rescate bancario se eleva en casi 6.000 millones más

Un desfase de más de 6.000 millones. Esa es la última cifra aportada por el Tribunal de Cuentas en su última estimación sobre el rescate bancario que se llevó a cabo durante la Gran Crisis para salvaguardar el sistema financiero español y que detallará esta semana en el Parlamento. En concreto, su evaluación ha determinado que los recursos empleados en la reestructuración bancaria sumaron 5.859 millones de euros más que lo calculado al cierre de 2015 y ha elevado el cómputo final a 66.577 millones de euros. Este desfase lo achaca, en buena parte, a que la parte pública de Bankia ha asumido más de lo pactado para pagar litigios, además de que deficiencias en el control del FROB también han añadido debilidades en las cuentas.

Esta novedosa evaluación extra estimada es un 1,30% superior a la actualizada por el propio Banco de España, que ya elevó hasta los 65.725 millones de euros el coste de las ayudas al sector financiero durante la crisis hasta diciembre de 2018, un 2,13% más de lo estimado hace un año, aunque 852 millones más baja que la presentada ahora por el Tribunal de Cuentas. Siguiendo con la fiscalización de las entidades público-privadas, el coste estimado correspondiente al FROB lo situaba a finales del pasado año en 45.344 millones de euros, el del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), asumido directamente por las entidades financieras, en 21.295 millones, mientras que al Banco de España le concedía un saldo positivo de 62 millones entre ingresos y gastos, según recoge EP.

Sin embargo, y en términos globales, el Tribunal alerta sobre las tensiones que se ciernen sobre el propio FROB, ya que cuantifica en 122.754 millones de euros el importe de los recursos comprometidos en la reestructuración por parte de estas tres entidades, como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2018.

El Tribunal hará constar en su informe que ha detectado «debilidades» en el control a implantar por parte del FROB a la hora de formalizar y ejecutar convenios de reparto de costes entre BFA (participada al 100% por el FROB) y Bankia (participada en un 61% por BFA al cierre de 2018) derivados de reclamaciones judiciales. En este sentido, el Tribunal afea al FROB que no haya realizado comprobaciones documentales de expedientes individuales para comprobar que se han cumplido los límites y condiciones establecidas en los convenios de reparto, realizando únicamente comprobaciones a nivel agregado, por lo que recomienda establecer un sistema que facilite la comprobación y el cumplimiento de las condiciones.