“Las imprecisiones en el texto final de la reforma laboral podrían colapsar los juzgados”

Los graduados sociales hicieron frente a un 2020 nefasto en materia laboral y fiscal. Lo que no se esperaban era tener que volver a vivir una pesadilla burocrática al cierre de 2021. Eva Torrecilla Hernández, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Madrid desde septiembre de 2021 y tras más de 20 años en su Junta de Gobierno, denuncia el caos al que ha hecho frente la profesión esta última semana debido a un redondeo inusual al alza de la base de cotización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El cálculo de Gobierno ha obligado a las asesorías a rehacer las nóminas y liquidar las cotizaciones de noviembre de todos los trabajadores que cobran el SMI en cuestión de días y aún están pendientes de saber cómo se gestionarán las de septiembre y octubre.

¿Qué papel juegan los graduados sociales para empresas y autónomos?

Desde hace 70 años, los graduados sociales venimos asesorando a las empresas y trabajadores integralmente, tanto en temas laborales como fiscales y administrativos, desde despidos a todo tipo de reclamaciones. Somos por nuestra formación exhaustiva los máximos expertos en derecho laboral a la hora de aplicarlo y ahora mismo el eslabón imprescindible entre empresas y Administración para la información y el cumplimiento de todas las obligaciones.

Tras un 2020 caótico con real decreto tras real decreto, ¿cómo ha sido 2021?

Yo lo calificaría de progresivo asentamiento, donde una vez aplicada la normativa sobre los ERTE y sus sucesivas especificaciones y ampliaciones, se han ido depurando en parte las deficiencias para su aplicación, despejando con gran esfuerzo duda tras duda en lo incoherente hacia una nueva normalidad que fuera al menos medianamente confiable en cuanto a seguridad jurídica. Y esa es la clave: sin seguridad jurídica en cuanto a la gestión de derechos y deberes en la contratación no es posible asesorar a las empresas para lograr la recuperación.

¿Con qué trabas os topasteis?

Una de las grandes dificultades ha sido no poder actuar con la Administración de forma directa. Las puertas estaban cerradas, todo ha sido a través de boletines de noticias o alguna consulta. En Madrid, el SEPE abrió un canal de información con el Colegio, solo para dudas e incidencias generales, pero no para casos particulares. En un principio tuvimos que hacer de puente. En cuanto a las ayudas, tuvimos que lidiar con las muy numerosas reclamaciones por atrasos en su percepción, a menudo con situaciones humanas y personales muy críticas de trabajadores y familias sin ningún tipo de ingresos durante meses. Igualmente, respecto a pymes y autónomos, gestionamos cuantas medidas de ayuda se pudiera y vimos como día a día luchaban por sobrevivir.

El redondeo de la base de cotización de los salarios mínimos ha sido vuestro mayor dolor de cabeza...

El Gobierno dispuso este septiembre una subida en el salario mínimo, por real decreto, de 950 euros a 965 euros mensuales en 14 pagas. En base a ella se incrementaron las nóminas y cotizaciones. A la espera de una regulación específica, las asesorías calcularon la nueva base de cotización como se suele hacer, que es multiplicar el nuevo SMI por 14 pagas y dividirlo entre los 12 meses del año. Como resultado la base de cotización en 1.125,83 euros. Sin embargo, una Orden del cuatro de diciembre tuvo a bien redondear esa subida produciendo un incremento de siete céntimos (1.125,90 euros) en su cómputo mensual, que es una cantidad absolutamente intrascendente, pero que con su aplicación retroactiva provoca arbitrariamente que tanto nóminas como cotizaciones desde septiembre se consideren anómalas, obligando a recalcular y volver a presentar todas las regularizaciones en el escaso plazo hasta el 20 de diciembre. Todo el trabajo de 3 meses se obliga arbitrariamente a duplicarlo bajo la amenaza de incurrir en sanciones y de considerarse el no estar al día en los pagos de cotizaciones por unas cantidades muy pequeñas, lo que repercute, por ejemplo, a la hora de obtener o renovar financiación bancaria, o aplazamientos de impuestos. Esta situación se puso en conocimiento de nuestro Consejo General y la Administración amplió el plazo un día más, del 20 al 21 de diciembre, lo que ha resultado no sólo totalmente insuficiente, sino de todo punto inaceptable y crispante.

¿Y ahora qué pasa?

Nosotros mandamos los ficheros, pero después nos tiene que llegar una respuesta de conformidad de la Tesorería, lo que puede dar lugar a que se queden sin consolidar correctamente seguros sociales o no se puedan pagar con cargo en cuenta, lo que obligaría a las empresas a llevar físicamente el boletín al banco en plenas vacaciones de Navidad. Además, indirectamente, ¿ese redondeo en las bases de cotización provocará que las prestaciones ligadas al SMI también tengan que regularizarse desde septiembre? El trato de la Administración es indignante y no es merecido por nuestro colectivo máxime después del extraordinario esfuerzo que ha hecho desde el confinamiento, trabajando en fin de semana y sin derecho a desconexión.

¿El cierre de la reforma laboral antes de final de 2021 plantea un inicio de 2022 caliente?

La prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, la limitación de los contratos temporales y los mecanismos de flexibilidad para evitar los despidos son las líneas principales. Los decretos que se presentan con tal celeridad suelen contener imprecisiones sobre el papel que pueden derivar en conflictos de interpretación y acabar colapsando los juzgados. Nos tendremos que poner manos a la obra para ajustar lo que la reforma laboral dice a las necesidades reales de las empresas.