Un Gobierno en pie de guerra contra los autónomos

Hacía meses que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, venía amenazando con presentar su propuesta de reforma del sistema de cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos. Lo que se nos había vendido hasta la fecha –y lo que sólo algunos crédulos se atrevieron a comprar– es que se pretendía avanzar hacia una tributación más justa y menos gravosa para la mayoría de autónomos. Vinculando la cotización a los ingresos reales de estos profesionales, todos –o casi todos– saldrían ganando.

Pero, al final, ha ocurrido lo que cabía esperar que ocurriera: que quien esencialmente sale ganando es el muy voraz Estado. No en vano, las tablas de cotización que ha presentado Escrivá esta misma semana son escalofriantes. Por resumir brevemente los efectos de su propuesta: todos los autónomos con ingresos netos superiores a 1.125 euros mensuales saldrán perdiendo con respecto a la situación actual y sólo saldrán ganando (y con varios matices importantes) los que ingresen menos de 900 euros mensuales.

En particular, a día de hoy, la cuota mínima para ejercer como autónomo en nuestro país es de 294 euros mensuales. Este colectivo profesional tiene el derecho a escoger su base de cotización y la inmensa mayoría prefiere cotizar por la mínima porque, entre otros motivos, desconfían –con razón– de las prestaciones que pueda terminar ofreciéndoles en el futuro la Seguridad Social. A partir de 2023, en cambio, el Gobierno impondrá hasta 13 cuotas mínimas distintas según el nivel de ingresos de los autónomos: 13 cuotas mínimas que irán subiendo progresivamente cada año hasta que este sistema confiscatorio esté plenamente implantado en 2031.

Así, por ejemplo, quienes ingresen entre 1.125 y 1.300 euros mensuales pasarán de pagar 294 euros al mes a ser sableados con 352 euros mensuales ya desde el propio 2023. Se trata, pues, de un encarecimiento de la cotización mensual de unos 60 euros para llevarla hasta un tipo efectivo medio superior al 30%. A quien ingrese 1.125 euros le quedará un ingreso postcotización de apenas 773 euros.

Por su parte, y si vamos subiendo en la escala, quienes ingresen netamente entre 1.900 y 2.330 euros mensuales (el equivalente al salario medio en España) pasarán de pagar 294 euros en la actualidad a 597 euros (más del doble) a partir de 2027, lo que reducirá su remuneración mensual a un mínimo de 1.300 euros. Y aquellos profesionales mejor cualificados que ingresen netamente más de 4.050 euros al mes pasarán a pagar, a partir de 2031, 1.266 euros mensuales a la Seguridad Social (más de cuatro veces la cifra actual).

Voracidad recaudatoria

El grado de extractivismo estatal llega a niveles ciertamente sangrantes en estos casos, pero el Gobierno pretende justificarlo arguyendo que, de ese modo, los autónomos que ingresen menos de 900 euros anuales podrán experimentar un alivio en sus cuotas. Acaso convendría recordar que muchos de los profesionales que actualmente obtienen tan reducidas sumas de dinero no están ni siquiera dados de alta a la Seguridad Social (legítima o ilegítimamente, pero la situación de hecho es la que es) y, por tanto, no lograrán mejora alguna; y, a su vez, también es menester tener en cuenta que la rebaja de la cuota a quienes ingresan entre 600 y 900 euros sólo es de 50 euros mensuales (una suma relevante para esos tramos de renta, pero que ni mucho menos compensa el expolio que sufre el resto de cotizantes).

En definitiva, el Gobierno que nos prometió que no asfixiaría tributariamente ni a la clase media ni a la clase trabajadora está retirándoles el poco oxígeno que les quedaba.