La mayor parte de los fondos europeos no llegará a las empresas hasta finales de 2022

Fedea teme que pueda llegar tarde para muchas empresas y sectores. Advierte de que la mejora de los indicadores económicos, de empleo y de ingresos fiscales no se están reflejando de igual forma en el PIB

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño FOTO: Alberto Ortega Europa Press

El “grueso” de los fondos europeos de reconstrucción “no comenzará a llegar a sus destinatarios hasta finales desde este año”, después de un 2021 en el que el gasto ejecutado “haya sido modesto”. Así lo ha puesto de manifiesto Fedea en su habitual boletín informativo que analiza la evolución de la crisis pandémica, en el que destaca que las cifras oficiales confirman que se han comenzado a poner en marcha proyectos y programas con cargo a los fondos europeos por valor de unos 23.000 millones de euros, casi un tercio del gasto total para los tres años que el Plan de Recuperación permite a estos efectos. Hasta ahora se han realizado pagos por un importe total de unos 9.000 millones que, en buena parte, corresponden a transferencias en bloque a otras administraciones y entes encargados de la ejecución final de los proyectos. Por ello, el think tank advierte de que “el proceso de ejecución del grueso del plan está todavía en su comienzo” y el dinero llegará como muy pronto a sus destinatarios “a finales de 2022 y en adelante”. Así, recuerda que una mayor rapidez de distribución de estos fondos puede contribuir a salvaguardar el futuro de muchos empresas si no llega tarde.

En cuanto a la coyuntura económica, la Fundación ha señalado que durante el último trimestre de 2021 la economía española se ha mantenido en la senda de recuperación iniciada en marzo hasta superar los niveles de empleo anteriores a la crisis, tanto en el agregado como en muchos sectores y regiones especialmente afectados por la crisis. Otros indicadores muestran también un comportamiento positivo en el paro, que se redujo en más de 150.000 personas, mientras la afiliación aumentó en 260.000 efectivos y el número de trabajadores en ERTE se redujo en casi un 60%, cerrando el año en sólo unas 100.000 personas. También muestran señales claras de recuperación los ingresos públicos, ya que tanto los ingresos tributarios como las cotizaciones sociales se sitúan ya en torno a un 4,5% por encima de los niveles de 2019.

Sin embargo, lanza una advertencia sobre que todos estos buenos indicadores no se están reflejando en la misma proporción sobre el crecimiento económico. “La principal nota discordante sigue siendo la atonía del PIB, que parece estar creciendo en los últimos trimestres a un ritmo claramente inferior al del empleo efectivo”. Lo achaca el boletín a la incertidumbre generada por la crisis energética y de suministros, demás de por el impacto de la sexta ola, que está retrayendo algunos indicadores, No obstante, ha señalado que la distancia entre ambos se ha reducido en alguna medida tras la revisión al alza del dato preliminar de PIB del tercer trimestre de 2021 por parte del Instituto Nacional de Estadística. “Aunque la letalidad del virus ha disminuido muy significativamente, las elevadísimas tasas de incidencia están generando serios problemas sanitarios y económicos, especialmente en el sector turístico, que ve retrasarse una vez más la ansiada vuelta a la normalidad”, ha apuntado.

También ha hecho referencia a la reforma de las pensiones impulsada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, criticando abiertamente el “mal llamado” mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que viene a sustituir al derogado factor de sostenibilidad, ya que resulta “claramente insuficiente para restaurar el equilibrio del sistema, no contribuye precisamente a mejorar su equidad intergeneracional y presenta serios problemas de diseño que se ven agravados por una redacción muy confusa”.

Sin tapujos critica la gran “complejidad” del nuevo mecanismo al combinar dos elementos difíciles de compatibilizar. Por un lado, se establece una subida transitoria de las cotizaciones sociales en 0,6 puntos porcentuales durante diez años para nutrir un fondo de reserva que podrá utilizarse para ayudar a financiar el gasto en pensiones de 2033 en adelante. Por otra parte, se apunta hacia “un vago compromiso” de abrir negociaciones con los agentes sociales para pactar medidas adicionales de gasto o ingreso si esto fuera necesario en el futuro para asegurar la viabilidad del sistema. “Su diseño es francamente mejorable”, sentencia.

Sobre la reforma laboral, Fedea destaca la relevancia del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales porque “se trata de una contrarreforma más suave de lo esperado que preserva importantes márgenes de flexibilidad”. Ve positivo que se recupere la ultraactividad indefinida de los convenios, porque en la práctica tiene “un efecto limitado” dado que dos tercios de los convenios “ya incluyen cláusulas en esa línea”, y se restablece la primacía del convenio de sector sobre el de empresa, “pero sólo en materia salarial”.

Fedea también ha vuelto a reiterar sus críticas a la ‘Ley Crea y Crece’, con la que se pretende simplificar algunos de los trámites necesarios para poner en marcha una empresa, al presentar “importantes lagunas que limitarán su efectividad” y pide que se corrijan aspectos como una mayor atención a los costes de arranque no societarios, los costes recurrentes de ‘compliance’ con diversas regulaciones de discutible necesidad y las barreras derivadas de la exigencia de autorizaciones y licencias de apertura y de la existencia de diversos umbrales regulatorios. “Dada la dificultad de la tarea de escoger ganadores a priori, más que incentivos a determinadas empresas que no sabemos identificar, la estrategia más razonable pasa seguramente por establecer normas generales que ofrezcan un marco atractivo para la creación de nuevas empresas y faciliten su desarrollo”, ha sentenciado.

Asimismo, recalca que se omite cualquier referencia a las barreras al crecimiento empresarial generadas por la existencia de umbrales regulatorios, en virtud de los cuales la carga fiscal y regulatoria aumenta de forma automática con la dimensión de la empresa, “un fenómeno que ha sido criticado de forma reiterada por numerosos informes de organismos internacionales”. Tampoco comparte la excesiva burocratización del sistema ya que la ley amplía “las burocracias públicas con la creación y reforma de varios organismos” como el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada; la renovación del sistema de seguimiento, evaluación y reforma de la red de creación de empresas Circe, un Observatorio de Buenas prácticas Regulatorias que será gestionado por la Secretaría de Unidad de Mercado y la nueva Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, que asume las funciones del Consejo para la Unidad de Mercado.