El comisario de Agricultura ha insistido en que mantiene sus tesis en lo que respecta a los estrictos objetivos medioambientales en materia agraria previstos en el Pacto Verde europeo, en la estrategia de la granja a la mesa y en la futura PAC, que debería entrar en vigor a partir de 2023. El ministro de Agricultura español, Luis Planas, sigue estas mismas tesis y dijo la semana pasada que hay que mantener el rumbo medioambiental de la PAC. Mientras tanto, en la Eurocámara, los eurodiputados realizaron un ejercicio de equilibrio entre la seguridad alimentaria y «lo verde», es decir, las exigencias medioambientales de la nueva PAC.

De entrada, aprobaron una resolución sobre la seguridad alimentaria en la que piden a la UE que aporte ayuda de urgencia a la población de Ucrania y reduzca la dependencia comunitaria de las importaciones de terceros países. En el texto, aprobado por 413 votos a favor, 120 en contra y 49 abstenciones, los eurodiputados subrayan que «la UE debe adoptar medidas de urgencia temporales y reversibles para aumentar su producción en 2022 y reforzar su seguridad alimentaria». También apuntan que «la crisis ucraniana demuestra una vez más que la seguridad alimentaria no puede percibirse como algo adquirido», lo que significa que «la producción alimentaria europea debe considerarse como un sector estratégico».

Sin embargo, hay un hecho que también sucedió a lo largo de la semana pasada y que no debe pasar inadvertido. Y es que los eurodiputados estuvieron a punto de aprobar una enmienda presentada por el grupo de los demócrata-cristianos, en la que se pedía a la Comisión Europea la revisión de los objetivos y el calendario de la estrategia de la granja a la mesa con el fin de evitar que su aplicación pueda dar lugar a una pérdida del potencial productivo del sector agrario.

En esa estrategia se plantea una reducción del uso de fertilizantes, fitosanitarios o de antibióticos, en este caso en la ganadería. Según los estudios de impacto que se han publicado, eso supondrá una reducción de la producción agraria en la UE, un aumento de los costes para agricultores y ganaderos y subidas de precios para los consumidores. ¿Nos lo podemos permitir?