Populismo punitivo

La última ocurrencia fiscal del Gobierno que conforman el PSOE y Unidas Podemos ha sido amenazar con un impuesto extraordinario a las compañías energéticas y a los bancos. Se nos dice que se trata de un tributo motivado por los beneficios extraordinarios que van a cosechar estas empresas en la actual coyuntura, pero no está claro por qué no basta para ello con el actual Impuesto sobre Sociedades (puesto que si estas compañías ganan más dinero, ya pagarán más al Fisco mediante esa figura).

Y también se nos dice que el impuesto lo pagarán las empresas a pesar de que éstas tendrán un claro incentivo a intentar trasladárselo a sus usuarios. El Ejecutivo nos asegura que eso no sucederá en ningún caso porque prohibirán por ley la traslación del impuesto a los precios, una promesa casi al mismo nivel que prometer abrogar la ley de la gravedad. Ahora bien, como meramente prohibir aquello que se sabe que no se va a poder prohibir suena a mera propaganda para engañar al auditorio, desde Podemos han decidido redoblar la apuesta: los morados proponen no sólo que se prohíba repercutir este nuevo tributo a los usuarios sino que los empresarios que lo intenten sean condenados a entre 2 y 10 años de cárcel. «Mano dura contra quienes atacan el interés general», dicen desde la formación de Ione Belarra.

En realidad, empero, se trataría de mano dura rodeada de arbitrariedad extrema. Y es que no resulta posible conocer si un cambio en los precios de una empresa responde a un intento de repercutir el impuesto o simplemente a un cambio en sus costes o en sus expectativas de costes.

Por ejemplo, si las entidades financieras que operan en España incrementan los tipos de interés de las hipotecas a 30 años no es posible saber de ningún modo si ese incremento responde al nuevo tributo que piensa aprobar el Ejecutivo o, por el contrario, a que la banca prevé genuinamente que sus costes de financiación futuros van a dispararse a lo largo de las próximas tres décadas. Y si no es posible saberlo, entonces el procedimiento penal carecería de las garantías mínimas exigibles en cualquier ordenamiento jurídico de un país democrático. Populismo punitivo.