El Gobierno no lo va a tener nada fácil para poner en marcha el impuestazo con el que pretende confiscar los beneficios de una veintena de grandes empresas financieras y energéticas por los resultados de sus negocios en España. Fuentes bancarias y energéticas han comunicado a este diario que recurrirán estos impuestos por “arbitrarios” y por tratarse de actividades ya gravadas. “Es un abuso”, aseguran. Mucho tendrá que templar las aguas el Ejecutivo en su reunión de mañana con las empresas afectadas.

Uno de los primeros en advertir de que se avecinan recursos ha sido el consejero delegado de Repsol. Josu Jon Imaz ha negado que la petrolera reciba “beneficios caídos del cielo” por su actividad en el actual contexto de precios alcistas de la energía y ha asegurado que hará “todo lo posible” para luchar contra cualquier iniciativa “arbitraria”. En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre, Imaz aseguró que “no tiene ninguna duda” de que el marco constitucional y jurídico, tanto de la Unión Europea como de España, va a proteger a Repsol de cualquier “posible iniciativa arbitraria o de medidas arbitrarias”.

Imaz defendió que Repsol opera en un negocio “libre, abierto y no regulado”, en el que las decisiones de inversión a largo plazo se toman “en base a suposiciones” que están sujetas “a una enorme volatilidad y riesgo”. De esta manera, el consejero delegado de la energética añadió que no se puede hablar de beneficios caídos del cielo en unos negocios que no están regulados y que son “cíclicos”.

Además, recordó que el sector del refino en España mantuvo sus inversiones durante muchos años para mejorar sus instalaciones, a pesar de que los márgenes eran bajos y otras empresas “estaban cerrando”. “Nuestro negocio de refino perdió cientos de millones de euros en 2020 y 2021, y no vi a ningún gobierno hablando de apoyar estas pérdidas extraordinarias”, aseveró.

“En todo caso, creo que vivimos en un marco jurídico. Nuestro sistema jurídico va a protegernos de cualquier potencial medida arbitral”, dijo, añadiendo que harán “todo lo posible para luchar contra cualquier iniciativa de este tipo”. El directivo indicó que la estrategia de la compañía pasa por estar “cerca de sus clientes estando cerca de sus necesidades”, para lo que ha trabajado para reducir los precios de los carburantes aumentando los descuentos que aprobó el Gobierno de 20 céntimos por litro.

“Nuestra prioridad tiene que ser estar cerca de nuestros clientes y los gobiernos tienen que decidir lo que prefieren: si recaudar impuestos para obtener dinero o estar cerca de los clientes para estar cerca de la sociedad”, se cuestionó.

Por su parte, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, cargó contra la nueva “imposición” del Gobierno. “Es imprescindible” que el nuevo hecho imponible “respete el marco de competencia entre entidades y no favorezca a ninguna, bien sea porque se excluye de su pago a algunos bancos o porque se establece un cálculo más favorable para unos que para otros. El hecho imponible debe respetar el principio de neutralidad y gravar por igual a todas entidades”. González-Bueno también ha destacado que Banco Sabadell tuvo que afrontar en 2021 más de 800 millones de euros en tasas e impuestos, por 530 millones de beneficio. “Estos 800 millones incluyen el Impuestos de Sociedades (30%), el IVA soportado (no deducible) y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados sobre préstamos hipotecarios, así como tasas destinadas a protección de depositantes”.

También ha puesto de manifiesto la actual rentabilidad del sector bancario, ya que el Ibex banca ha caído un 50% en los últimos cinco años, el Ibex general lo ha hecho en un 25%, mientras que los índices sectoriales del Ibex de energía y de construcción se han revalorizado un 20% y un 30%, respectivamente. “Los ahorradores accionistas de los bancos han sufrido un comportamiento bursátil peor que otros sectores debido a tipos anormalmente negativos y ahora volverán a sufrir con el nuevo impuesto”.

También se ha manifestado el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, quien ha criticado al Gobierno por “estigmatizar” al sector bancario, “que ha sido fundamental para el sistema económico durante toda la pandemia”. Insistió en que “de pronto, la solución parece ser cargar a algunos sectores” como la banca, de la que valoró que hizo “un esfuerzo enorme” durante el covid. “Espero que no sea una maldición eterna esto de estigmatizar al sector”. Además consideró que la inflación, “difícilmente, se combate con impuestos”. Álvarez ha advertido que para recaudar los 3.000 millones de euros que pretende el Gobierno “ese capital resta capacidad de prestar por un importe de 50.000 millones”.

En este sentido indicó que la banca ya está gravada al máximo con un tipo en Sociedades del 30%, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados sobre los préstamos hipotecarios “que antes pagaban los clientes y ahora pagamos nosotros”) y el impuesto sobre los depósitos o el IVA. “Hay una imposición extraordinariamente alta” para el sector. Asimismo argumentó que la rentabilidad de la banca es del 6% y dijo desconocer “dónde están los beneficios extraordinarios” a los que alude el Gobierno como uno de los motivos para justificar el impuesto, “a no ser que pensemos que el sector va a multiplicar por 3 o 4 el resultado”, lo que consideró “poco probable”.