Estos son los locales que ya deben tener puertas automáticas para cumplir con el plan de ahorro energético

El plazo para instalar sistemas automáticos de cierre de puertas contemplados en el plan de ahorro energético del Gobierno ha llegado a su fin. El pasado 1 de agosto el Gobierno de España aprobó un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético con el objetivo de reducir el consumo de energía en edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia, además de otras ayudas destinadas al transporte. Las iniciativas incluidas en este plan, como limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno, apagar las luces de escaparates y edificios públicos a las 22:00h o contar con cierres de puertas automáticos, no entraron en vigor al mismo tiempo. Respecto a la obligación de disponer de un sistema de cierre de puertas adecuado, la fecha máxima para que los locales se adaptasen era el 30 de septiembre. Pero, ¿qué establecimientos están obligados a cumplir la norma?

El Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, recoge en el apartado Tres de su artículo 29 lo siguiente: “Los edificios y locales con acceso desde la calle incluidos en el ámbito de aplicación de la I.T. 3.8 del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios), dispondrán de un sistema de cierre de puertas adecuado, [...] con el fin de impedir que éstas permanezcan abiertas permanentemente”.

Es decir, la normativa es de aplicación para el sector terciario o servicios, comprendiendo todo tipo de empresas y establecimientos comerciales, administrativos o de concurrencia pública como: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales, teatros, cines, auditorios salas de exposiciones, bares, restaurantes o cafeterías, entre otros, explica la compañía de instalación de puertas automáticas Dintelar.

Además, en esta medida no se consideran exclusiones, salvo que la legislación de seguridad que aplique al edificio o local impida cumplir esta obligación. Una urgencia que “puede provocar dificultades para las pymes, ya que necesitarían un poco más de margen para poder realizar sus adecuaciones”, explica Manuel Suárez, gerente de Dintelar.

Solo el 10% ya las han instalado

De hecho, la Confederación Española de Comercio (CEC) estima que tan solo un 10% de los comercios en España han podido adaptar sus establecimientos para cumplir con el decreto de ahorro energético del pasado mes de agosto y por el que se establece la obligatoriedad de contar con un sistema que las mantenga cerradas para conservar la temperatura interior, entre otras medidas, según informa en un comunicado.

En concreto, la patronal del comercio reclama una moratoria de tres meses porque el sector necesita un “plazo realista y razonable” para acometer estas modificaciones, ya que se estima entre 100.000 y 120.000 el número de comercios en España que necesitan esta adecuación. “Hay negocios que fueron creados para no tener puertas y la nueva ley exige un completo replanteamiento del local que va más allá de instalar una puerta”, señala el presidente de la CEC, Rafael Torres.

Asimismo, el decreto ley va a ser tramitado finalmente como proyecto de ley por lo que las enmiendas presentadas introducirán cambios en el mismo por lo que “lo lógico y sensato es esperar que se apruebe la ley definitiva para que el sector sepa con certidumbre qué obligaciones han de cumplir”.

La patronal del comercio pide una moratoria de tres meses para adaptarse

La patronal recuerda que el Ejecutivo comprometió una línea de ayudas por 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que, si así lo desean estas, puedan financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el decreto ley, como la instalación de accesos automatizados. Sin embarco, la CEC denuncia que la realidad a día de hoy es que no se ha concretado prácticamente ninguna, ni cantidades ni plazos de pago. Para acometer estas modificaciones, la patronal estima la necesidad de unos 200 millones de euros.

“Desde la Confederación Española de Comercio pedimos una moratoria razonable de al menos tres meses a la espera de conocer el texto definitivo de la ley que permita realizar los proyectos de adecuación con certidumbre y dar tiempo a las comunidades autónomas para publicar y pagar las ayudas prometidas”, indica Torres.