Multas de entre 60.000 euros y 100 millones por incumplir el plan de ahorro energético

Espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales, hoteles y estaciones de transporte tienen siete días a contar desde este martes para adaptarse al plan de ahorro energético aprobado el lunes por el Gobierno y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De no hacerlo, se exponen a multas que van desde los 60.000 euros hasta los 100 millones de euros en los casos de mayor gravedad, según el régimen sancionador ligado a la normativa. No obstante, desde el Ministerio de Transición Ecológica aclaran a LA RAZÓN que las multas graves y muy graves son “de imposible aplicación” para los supuestos de este plan.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, subrayó ayer que las medidas, que estarán vigentes hasta el 1 de noviembre de 2023, son de carácter inmediato y de obligado cumplimiento, por lo que conllevarían sanciones, aunque no detalló su importe. El texto publicado este martes en el BOE tampoco especifica las multas que tendrán que asumir quienes incumplan algunas de las medidas estrella de este plan, como limitarlos termostatos a un máximo de 19 grados en invierno y a un mínimo de 27 en verano, apagar el alumbrado a las 22:00h o instalar cierres automáticos en las puertas para evitar el despilfarro energético. No obstante, fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han explicado a Europa Press que las sanciones que se aplicarán serán las recogidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), dispuestas a su vez los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sobre infracciones administrativas.

Según este régimen sancionador, las infracciones serán sancionadas con multas de hasta 60.000 euros si son leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves. Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica ha matizado, en declaraciones a este periódico, que ninguna empresa ni particular recibirá multas graves o muy graves, porque corresponden a infracciones equivalentes a contaminar un acuífero o verter tóxicos en un pantano.

El principal obstáculo para aplicar este régimen sancionador dentro de apenas siete días es que no existe una multa concreta para cada medida incumplida, como sí ocurre por ejemplo en Francia. Esta falta de concreción abre la puerta a sanciones de hasta 60.000 euros por una infracción leve, como serán las que conciernen a este decreto. No obstante, las mismas fuentes consultadas por LA RAZÓN señalan que las sanciones siempre serán proporcionales a la infracción cometida y la intención es no llegar ni siquiera a la cantidad de 60.000 euros.

El paquete de medidas de eficiencia energética se articula sobre el reglamento de instalaciones térmicas de edificación y el código de alumbrado, cuya vigilancia corresponde a las comunidades autónomas, que se encargarán de imponer las sanciones, ha explicado este martes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

PP, Vox y Ciudadanos se han opuesto al plan argumentando que no tiene medidas de calado, ni soluciones a largo plazo, ni respaldo técnico. La más beligerante en su negativa ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha afirmado a través de sus redes sociales que no aplicará el plan porque “genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo”. Para respaldar su postura, Ayuso estudia llevar el real decreto ley de medidas de sostenibilidad económica ante el Tribunal Constitucional.

Las críticas contra el plan del Gobierno también llegan por parte del sector empresarial. El portavoz de CEIM Francisco Aranda ha indicado que la climatización de las empresas tiene que permitir trabajar con “comodidad y seguridad” y al mismo tiempo ofrecer un “entorno agradable a los clientes”, a su juicio es “compatible el ahorro con la actividad económica sin necesidad de más medidas intervencionistas”. Por su parte, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha trasladado este martes que teme que las medidas de ahorro energético del Gobierno perjudiquen al turismo y ha tildado la medida de “acelerada e improvisada”.

Ante la resistencia de la Comunidad de Madrid, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido que el Gobierno “actuará en consecuencia” con Madrid o con cualquier comunidad que “incumpla la ley”. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la clase política, a los partidos y a las administraciones públicas que “huyan de un comportamiento egoísta, unilateral e insolidario” sobre el plan de ahorro energético aprobado este lunes, después de que la presidenta madrileña haya advertido que no lo aplicará. En un tono más cordial, ayer la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hizo hincapié en que “la situación es crítica y se puede producir un corte del gas ruso en cualquier momento”, por lo que es “momento de ser solidarios”.

Excluidos hospitales, centros educativos, gimnasios o peluquerías

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha resaltado que se trata de una norma “muy acotada” y que contempla excepciones “necesarias para mantener una climatización adecuada” en hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o las cocinas de los restaurantes.

En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE recogida por Europa Press, Maroto quiso tranquilizar a la población y aseguró que la norma tiene excepciones para que los trabajadores siempre "tengan unas condiciones climáticas adecuadas para el trabajo que tiene que hacer".

“Es una norma que claramente contempla las excepciones necesarias para garantizar la climatización en los espacios sobre todo donde los trabajadores necesitan desarrollar sus actividades con una temperatura adecuada y también, por ejemplo, cuando haya picos de ocupación de determinados establecimientos”, explicó la titular de industria, quien además indicó que la norma está consensuada con el sector.

Principales medidas

-Limitación de los termostatos a un máximo de 19 grados en invierno y a un mínimo de 27 en verano en los edificios administrativos, espacios comerciales, estaciones de autobús, tren y aeropuertos, entre otros.

-Este paquete de medidas obligará a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22:00 horas, una medida para la que tendrán siete días para su cumplimiento. En el caso de todas estas iniciativas, el periodo para su aplicación será de una semana desde su publicación en el BOE y tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.

-También que se apagará la iluminación decorativa de fachadas a partir de las 22:00h, mientras que la regulación de la iluminación exterior solo afectará a los edificios de uso público, no a las ornamentales, por ejemplo, las luces navideñas.

-Asimismo, se obligará a que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro por pérdidas de energía al exterior.

-Igualmente, deberán incorporarse carteles para explicar estas medidas de ahorro en los establecimientos, así como para informar sobre las temperaturas y niveles de humedad.

-Las medidas también incluyen la exigencia de someterse a una revisión extraordinaria antes del 31 de diciembre de 2022 a aquellos edificios obligados que hayan realizado el anterior trámite antes del 1 de enero de 2021, de modo que todos los edificios con un consumo de climatización relevante hayan superado una inspección en los últimos dos años. De esta forma, para ejecutar rápidamente las obras de mejora energética en los edificios de las administraciones públicas, estas podrán aplicar procedimientos de contratación de urgencia. Además, estos contratos se ejecutarán en un plazo inferior a un mes desde su formalización.