Los políticos se están cargando el mercado del alquiler

El mercado del alquiler lleva siendo atacado políticamente desde, como poco, el inicio de la pandemia. Fue en ese momento cuando se decidieron congelar de facto las revalorizaciones anuales de los alquileres, cuando se bloquearon los desahucios por impago y cuando, además, empezó a sobrevolar la amenaza de una Ley de Vivienda que todavía cercenaría más el derecho de propiedad privada de los arrendadores. Acaso por todo ello, estamos asistiendo a un considerable declive de la oferta de vivienda en alquiler. Ayer mismo, el portal inmobiliario Idealista.com constataba que una cuarta parte del stock de inmuebles ofertados en arriendo ha desaparecido durante el último año. O bien se las está dejando vacías a la espera de tiempos mejores o bien se han volcado al mercado de compraventa para evitar los quebraderos de cabeza propios de gestionar el alquiler.

De ahí que los precios no estén dejando de subir y la accesibilidad se dificulte más cada vez. Y ello a pesar de que, según nos juraron, todas estas medidas de ataque frontal contra el mercado del alquiler se tomaban para que fuera más fácil alquilar entre los más vulnerables. Pero no, más bien todo lo opuesto. El error de fondo siempre fue el mismo: pretender solucionar un problema de insuficiente oferta (en relación a una demanda en expansión) mediante el control de precios y la restricción de la autónoma contractual. En lugar de fomentar y facilitar un incremento de la oferta, se ha impuesto una limitación de la misma. Y el resultado no ha podido ser peor.

¿Cuál será ahora el siguiente paso lógico del intervencionismo gubernamental? ¿Desarticular todas las medidas desnortadas que se han tomado durante el último año o, más bien, seguir profundizando en ellas por puro dogmatismo ideológico y obstinación en no reconocer los errores? Por desgracia, todo hace temer que seguiremos el segundo rumbo: dado que ahora la carestía de vivienda en alquiler es más acusada que cuando empezaron a tomarse medidas para supuestamente remediarla, los políticos se sentirán todavía más legitimados para intervenir aún más en el mercado. Se seguirá responsabilizando a los culpables habituales (la especulación, los fondos buitre, Airbnb…) y el mercado se marchitará cada vez más en perjuicio de los inquilinos futuros. Poco les importa porque, mientras controlen la narrativa, las víctimas de sus errores no serán conscientes de que no pueden acceder a una vivienda en alquiler por culpa de sus nefastas decisiones políticas. Y lo único que les duele a los políticos es perder votos.