Acabar con el fraude en las cotizaciones de 200.000 artistas, objetivo de la Seguridad Social en contra de las falsas cooperativas

El Gobierno acelera su hoja de ruta de transformación de los mercados de profesionales, que inició la ministra Yolanda Díaz con la aprobación de la polémica reforma laboral. Ahora ha puesto el objetivo de su diana en los artistas, sobre los que quiere hacer una «integración generalizada en el sistema público» con el objetivo de acabar con el fraude que supuestamente se esconde detrás de las falsas cooperativas de servicios o empresas de facturación artística, como ya hizo con la ley rider.

El objetivo es la regularización en la Seguridad Social de más de 200.000 artistas autónomos, que ahora mismo se mueven en una nebulosa legal y que impiden recaudar a las arcas públicas 240 millones de euros anuales, según datos facilitados por la asociación de autónomos UPTA, que negocia ya con varios ministerios para que estos trabajadores se integren bajo el amparo del futuro estatuto del artista y puedan tener una cotización especial y facilitarles así la entrada al nuevo sistema aprobado recientemente para los trabajadores por cuenta propia. «La situación de este colectivo es muy precaria en cuanto a la protección social. Por eso deberían tener un estatus especial como trabajadores por cuenta propia», reclamó Eduardo Abad, presidente de UPTA.

En la actualidad, la mayoría de los artistas –más del 80% del colectivo– obtienen rendimientos económicos entre 290 euros y 525 euros al mes y «son incapaces de asumir el pago completo de la cotización al RETA». Por ello, recurren a estas cooperativas de servicios o empresas de facturación para poder realizar su actividad, cobrar las facturas correspondientes y hacer frente a los pagos.

Según denuncia UPTA, «estas falsas cooperativas realizan la cotización a la Seguridad Social mediante la contratación especial del régimen de artistas, en algunos casos incluso sin alta en el sistema, cotizando en muchos casos únicamente 15 o 17 euros, tanto si la factura resultante es de 150 como de 1.200 euros». Por ello, exige a los ministerios de Seguridad Social y de Cultura que se cree «una cotización extraordinaria» para este colectivo, «que se corresponda con sus características especiales».

Según la propuesta de UPTA, los autónomos que no superen los 290 euros al mes de ganancias tendrían una cuota de 80 euros mensuales, mientras que los que se sitúen por debajo de 525 euros tendrían una cuota de 120 euros. El resto, aquellos que superasen los rendimientos mencionados, entrarían directamente a cotizar por los tramos que ya han sido aprobados y que entraran en vigor el próximo 1 de enero de 2023.

Fuentes de Seguridad Social confirmaron a LA RAZÓN que «se está trabajando en las especificidades de este colectivo en la nueva Ley de Economía Social, pero todavía estamos en vías de presentación de alegaciones, de estudio y de aportaciones».