El primer informe anual publicado por el Banco de España con José Luis Escrivá como gobernador ha confirmado todo lo que se apuntaba desde su nombramiento, que su capacidad de analizar las políticas económicas del Gobierno han pasado a un segundo plano. Una situación que ha derivado en la confirmación de la dimisión del director de Economía del regulador, Ángel Gavilán, por desavenencias con el círculo de confianza de Escrivá, que «cocinó» el informe anual para diluir los aspectos más críticos relacionados con el Gobierno.

Escrivá reconoció públicamente tras instalarse en el sillón del gobernador que el enfoque de los informes que se elaborarían bajo su control serían más analíticos, con menos consideraciones y mayor capacidad observadora, para delimitar de forma más intensa la evolución y las causas del comportamiento de la actividad económica. Una fórmula muy alejada de lo que había sido hasta ahora el modelo impulsado por el anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos, que siguió la línea marcada por sus predecesores, basada en una elaboración principalmente técnica, con una evaluación en varios niveles, sin miedo a hacer juicios sobre medidas estructurales y opiniones sobre política económica, una situación que provocó varios encontronazos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algunos de sus ministros. Nada que ver con el nuevo «aire» dado por Escrivá, que ha cumplido con la función que aseguró llevaría a cabo, la de convertir el organismo en un círculo de asesoramiento económico del Ejecutivo.

Un cambio de modelo analítico que Escrivá ya dejó claro en la presentación de previsiones macroeconómicas para este año, en las que pese a la guerra arancelaria, las turbulencias financieras y el vaivén de los mercados obvió el conservadurismo y decidió elevar hasta el 2,7% el crecimiento del PIB español.

Ahora, con el informe anual, se ha ratificado el sesgo que tendrán los estudios que presente el regulador con Escrivá a la cabeza. Así, fuentes consultadas por LA

RAZÓN en el supervisor bancario señalaron que para la elaboración del informe anual se dejó de lado a Gavilán, al que solo se le permitió que hiciera su presentación ante la Prensa esta semana, como último acto oficial antes de su salida, tras haber presentado su dimisión hace un mes y medio, precisamente por su desacuerdo con la forma de elaboración del estudio, que fue «matizado» entre la directora general de Estrategia, Mayte Ledo, y la responsable de Relaciones Institucionales, Eva Valle, bajo las órdenes de José Luis Escrivá.

En manos de este triunvirato estaría la decisión de cambiar por completo la estructura interna del informe, obviando capítulos habituales, consideraciones estructurales e, incluso, las habituales recomendaciones de política económica, que desaparecieron directamente del texto final. Como en el juego de las 10 diferencias, el informe modifica, cambia, sustituye y suprime capítulos habituales, temas recurrentes o análisis sectoriales, y obvia el apartado de las recomendaciones, como prueba final de la desaparición del espíritu crítico que había tenido hasta ahora con una evaluación constante, que Escrivá, junto a Ledo y Valle, se encargó de hacer desaparecer, poniendo en jaque la credibilidad de la institución.

Unas diferencias que son fáciles de identificar: el informe de 2024 tiene 104 páginas menos que el de 2023; no tiene capítulos propios de políticas públicas, transición ecológica o vivienda y resta 10 apartados; no existe el desglose habitual de las ideas principales; el empleo se solventa con una capítulo de 11 páginas, cuando el año anterior había tres capítulos y 35 páginas; han desaparecido análisis sobre desigualdad y bolsas de vulnerabilidad de los hogares y demografía empresarial, envejecimiento poblacional –que tiene que ver con las pensiones–, problemas de acceso a la vivienda o las consecuencias laborales de los cambios tecnológicos y demográficos.

Especial rubor provoca la ausencia de críticas a la reforma de las pensiones que impulsó el propio Escrivá como ministro de Seguridad Social. En los anteriores informes se analizaba con insistencia la crisis del sistema de previsión. Pero en el de 2024 las diferencias son evidentes: la palabra pensiones aparece solo 21 veces, por 103 veces en el anterior, en el que hay un apartado específico dedicado a «Retos de sistema público de pensiones». En el de este año se soluciona con unos párrafos citando a la Airef y sin apreciaciones propias del supervisor; se deja de lado un análisis exhaustivo sobre el sistema de pensiones y muestra un tono mucho menos crítico con la insostenibilidad del sistema, que ni tan siquiera se menciona de pasada.