Autónomos

Los autónomos que facturen menos de 85.000 euros no declararán el IVA

Hacienda, ATA, UPTA y Uatae negocian un cambio de régimen fiscal para casi la mitad de los autónomos, que incluiría también el fin del régimen de módulos del IRPF

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En abril la Agencia Tributaria abrió el plazo para presentar la declaración de la renta correspondiente al año 2021PexelsLa Razón

Aprobar un nuevo régimen fiscal que permita a miles de autónomos quedar libres de pagar del IVA y que evite la presentación de sus autoliquidaciones trimestrales. Ese el objetivo que las asociaciones de autónomos están negociando con Hacienda, para que todos los trabajadores por cuenta propia que facturen menos de 85.000 euros -100.000 euros si están en actividades intracomunitarias- sólo tengan que presentar una declaración anual de sus ventas para demostrar que cumplen los límites ya no estar sujetos a este impuesto indirecto. Así lo adelantó la directora de Gestión Tributaria, Rosa Prieto, en el IV Foro de Emprendedores y Autónomos que organiza la Federación de Autónomos ATA, en el que adelantó que España tiene que llevar a cabo una transposición de una directiva europea en este sentido, al ser el único país de la UE que no cuenta con el régimen franquiciado de IVA. "Estamos estudiando las posibilidad de implantar este sistema con características propias, que se deberán definir todavía, pero ya hay unanimidad en llegar a este régimen de franquicia", defendió.

Ambas partes pretenden acabar con buena parte de la burocracia y los trámites intermedios que se realizan en la actualidad, ya que liquidar el tributo trimestralmente para rendir cuentas con Hacienda supone una gran carga administrativa para los negocios más pequeños, que la Agencia Tributaria y las organizaciones representativas del colectivo buscan simplificar, según apunta la publicación digital Autónomos y Emprendedores (AE), y evitar que autónomos y pymes tengan la obligación de declarar el IVA. Esto llevaría a que, a partir del momento de su entrada en vigor -que no se prevé antes de 2025-, ya no sería obligatorio incluir el impuesto en las facturas.

Pese a que esta nueva directiva se debería aplicar sobre rendimientos netos y no sobre la facturación, los autónomos que se podrían beneficiar de esta medida alcanzaría casi 1,5 millones, es decir, dos de cada tres al encontrarse dentro de los límites marcados, por debajo de 85.000 euros. Aunque las ventajas van más allá. Los trabajadores por cuenta propia solo estarían obligados a presentar su declaración tributaria una sola vez al año, para que la Agencia Tributaria constate su situación, por lo que desaparecerían las liquidaciones trimestrales y se limitarían los trámites. Además, las asociaciones de autónomos quieren que no se soporte ni se repercuta el IVA, lo que evitaría el engorro de tener que guardar y justificar cada una de las facturas emitidas respecto a este impuesto, al no haber ya gastos deducibles en este tributo.

La diferencia entre el sistema actual y el nuevo sería abismal. Hasta ahora, el denominado régimen de criterio de caja en IVA impide que el que recibe la factura no se la puede deducir hasta que no le pagan y, sin embargo, él tiene que hacer frente a ese pago aunque no lo haya cobrado, con el consiguiente perjuicio económico. Con la nueva legislación, el franquiciado contará con un NIF de IVA, que permitirá al cliente identificar la admisión de la factura y quedar eximido de su pago.

Esta reforma fiscal también afectará a los autónomos del sistema de módulos en IRPF, con los que se pretende hacer una transición que se ha hecho ya en las regiones forales, en las que se ha establecido un sistema de estimación directa especial para actividades como la agricultura o el transporte, en las que se admitan deducciones fijas de hasta el 40% de sus ingresos. Según fuentes de ATA, la "objetivación de los gastos deducibles sería la clave para esta transición de sistema", que permita unos porcentajes y cuantías deducibles para cada gasto y que evite justificarlos. Ambas partes están cerca, pero fuentes del sector estiman que no se podrá aplicar de forma efectiva al menos hasta 2025.