El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha emitido un nuevo y contundente fallo contra el Reino de España en el llamado "caso Watkins", al denegar la moción de archivo presentada por el gobierno de Pedro Sánchez y conceder una sentencia sumaria a favor de los inversores afectados primero por la retirada retroactiva de las primas renovables y después por los impagos de los laudos que fijan las indemnizaciones procedentes.

La decisión confirma la responsabilidad de España de indemnizar a la empresa afectada por un valor de algo más de 79,5 millones.

La condena impuesta obedece a la obligación de pagar 77 millones de euros en concepto de daños, cifra a la que hay que sumar 2,5 millones de una factura de intereses, costes de arbitraje y honorarios legales que irá en aumento si no se alcanza un acuerdo a corto plazo.

Asimismo, resulta especialmente relevante que la corte del país norteamericano declara el laudo inmediatamente ejecutable en territorio estadounidense, lo que permite iniciar sin demora el proceso de "discovery order" que permite aflorar bienes de España en el país norteamericano para proceder a su correspondiente embargo, en caso de que el Ejecutivo siga negándose a cumplir con la ley.

El tribunal rechazó uno por uno los argumentos de defensa de España y, siguiendo el precedente de la Corte de Apelaciones en el caso NextEra Energy Global Holdings B.V. contra el Reino de España, ratificó su plena jurisdicción sobre esta materia, en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) a la que España quiso ligar su defensa.

Asimismo, la corte recuerda que España suscribió un acuerdo de arbitraje vinculante mediante el Tratado de la Carta de la Energía y, en consecuencia, recuerda que los laudos del CIADI deben recibir en EE UU el mismo "pleno reconocimiento y crédito" que las sentencias definitivas de los tribunales estatales, desestimando la tesis del gobierno español según la cual la normativa europea impide el reconocimiento y ejecución del laudo.

Aluvión de condenas

Este pronunciamiento llega tras una oleada de resoluciones adversas a España por los recortes retroactivos a las primas a las renovables.

En las últimas semanas, los tribunales estadounidenses han confirmado laudos contrarios a España en los casos Eurus (Toyota Group), RREEF, Infrastructure Services (Antin) e Infrared. En conjunto, y sumadas a la sentencia del caso Watkins, todas estas condenan imponen al país ibérico la obligación de abonar indemnizaciones por valor de 440 millones de euros.

Cabe recordar que España acumula 26 laudos impagados relacionados con las inversiones en energías renovables, la cifra más alta de cualquier país, con una factura pendiente de pago superior a 1.492 millones de euros.

Esta cuantía se incrementa a 1.874 millones al sumar los más de 390 millones derivados de los sobrecostes financieros y judiciales que provoca la estrategia de impagos que ha venido siguiendo el gobierno español.

La falta de cumplimiento ya ha provocado embargos de activos soberanos en Bélgica, Estados Unidos o Reino Unido, como vimos el pasado julio, con el embargo de las tasas de control aéreo que recauda Eurocontrol y que, en teoría, desembolsa a ENAIRE. Estos pagos, valorados en 80 millones, han sido consignados a favor de las empresas denunciantes, ante la constatación de que las deudas siguen pendientes de pago.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará a finales de septiembre una última petición de recurso presentada por España y, salvo que el Alto Tribunal acepte las alegaciones que el resto de cortes han venido descartando, el gobierno español quedará sin más vías de apelación en territorio norteamericano.

En paralelo, la justicia australiana dictaminó el pasado agosto que 4 de los 26 laudos arbitrales pendientes de pago también han quedado plenamente reconocidos ante sus tribunales, de modo que podrán ser ejecutados contra España, todo por un valor conjunto de unos 469 millones de euros.

La cascada de litigios coloca a España en una posición inédita y dañina en los mercados internacionales.

La persistente negativa a cumplir con los laudos no solo implica un coste económico, sino que sume en el descrédito a España como destino inversor.

En los tribunales extranjeros se siguen acumulando sentencias adversas, ampliando la presión sobre el gobierno español para buscar una solución definitiva a este conflicto.