El Ministerio de Consumo intensifica su ofensiva contra los abusos en el mercado del alquiler. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha anunciado este martes la incoación de un segundo expediente sancionador -tras el abierto contra Alquiler Seguro en marzo- a una agencia inmobiliaria de ámbito nacional por posibles prácticas abusivas contra los inquilinos, como el cobro de comisiones ilegales o la imposición de servicios no solicitados.

Este nuevo procedimiento de sanción que abre Consumo a través de su Dirección General parte de la investigación que inició el pasado mes de octubre desde el Ministerio que lidera Pablo Bustinduy tras denuncias del Sindicato de Inquilinas Cecu y de asociaciones de consumidores como Facua y OCU. Esta investigación sigue en marcha respecto a otras inmobiliarias que también podrían haber cometido estas u otras prácticas, según ha aclarado el Ministerio.

Las principales prácticas denunciadas por las diferentes organizaciones se basan en infracciones como obligar a los inquilinos e inquilinos a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento (utilizada habitualmente por las inmobiliarias para suplir la la comisión de agencia, que ahora recae sobre los propietarios), imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino. En este sentido, Consumo recuerda que desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, a finales de mayo de 2023, se prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

Asimismo, Consumo señala que estas prácticas podrían constituir infracciones graves o muy graves en virtud de la Ley de Defensa de los Consumidores. Las sanciones por infracciones graves pueden alcanzar los 100.000 euros y superarse hasta cuatro o seis veces el beneficio ilícito obtenido. En el caso de las infracciones muy graves, las multas podrían llegar hasta el millón de euros y extenderse hasta ocho veces el beneficio económico logrado de forma indebida.

Los dos procedimientos sancionadores abiertos a sendas agencias inmobiliarias se unen al expediente que la Dirección General de Consumo contra Airbnb, a la que le exige retirar 65.935 anuncios ilegales de su plataforma, así como al expediente sancionador abierto contra empresas que administran viviendas turísticas en distintas regiones tras detectarse que estas gestoras estarían ofreciendo “información falsa o información que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación induzca”, lo que supondría una práctica engañosa.

El departamento de Bustinduy insiste en que la vivienda es un "derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley" y todas sus iniciativas pasar por el objetivo de protegerlo, aunque señala que la iniciación de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación.

Facua ha celebrado la actuación del Ministerio y ha instado a las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos "a tomar ejemplo y actuar de una vez ante los fraudes inmobiliarios", según ha informado este martes en un comunicado. La asociación ha recordado que la gran mayoría de las agencias inmobiliarias operan en una sola comunidad, por lo que únicamente las administraciones de ámbito autonómico y municipal tienen competencias para multarlas si se saltan la legislación.