Los funcionarios reclamarán al nuevo Gobierno 35 horas semanales y renegociar la subida salarial

20 propuestas sobre la mesa, entre ellas lograr una jornada laboral real de 35 horas, desarrollar la carrera profesional y el teletrabajo, regular la jubilación parcial, establecer las lenguas cooficiales como mérito y no como requisito en los concursos y renegociar un nuevo acuerdo salarial son las líneas rojas que ha marcado el sindicato de funcionarios CSIF al próximo Gobierno que lograr formarse. En concreto, el sindicato ha expresado que sus peticiones obedecen a las tres grandes preocupaciones de CSIF: la temporalidad, la falta de reposición y la lentitud de los procesos selectivos.

Es en el nuevo acuerdo salarial en el punto en el que su posición está lejos de las dos otras grandes formaciones sindicales, CC OO y UGT. Desde CSIF han vuelto a reiterar que "el acuerdo firmado por Gobierno y los sindicatos de clase está "desfasado" porque "condena" a los funcionarios a seguir perdiendo una capacidad de compra que ya se ha visto mermada un 20% desde 2010, ha denunciado nuevamente Miguel Borra, presidente de CSIF durante la presentación de sus exigencias al nuevo Ejecutivo. Su línea de partida para el nuevo acuerdo salarial contempla una subida del 9,5% repartida entre 2022 y 2024, e incluye también la exigencia de volver a "la estructura salarial previa a los recortes de 2010", lo que supone recuperar las pagas extras íntegras para todos los grupos de funcionarios.

Borra también ha explicado que es necesario "suprimir la tasa de reposición" para contribuir a la creación de empleo neto y el diseño de unas plantillas "adecuadas" a las necesidades de la ciudadanía, para lo que es necesario "una planificación plurianaual a varios años de las ofertas de empleo público". Asimismo, ha pedido agilizar los procesos selectivos, ya que puede pasar más de tres años desde que se convoca la plaza hasta que finalmente los aspirantes se incorporan a sus puestos, y encontrar una "solución a la temporalidad", una cuestión que Borra ha recordado que debe ser solucionada antes del 31 de diciembre de 2024, cuando la tasa de temporalidad tiene que pasar del 31% de la actualidad al 8% para cumplir los requerimiento de la Unión Europea. Desde CSIF, han estimado que este proceso de estabilización afectaría a cerca de medio millón de personas en todos los sectores de la administración pública.

Quiso también en incidir en que las ofertas de empleo de los últimos años para renovar las plantillas de la Administración, "aunque han sido importantes, son muy insuficientes", para lo que propuso un complemento de un plan de empleo a corto y medio plazo que garantice la sostenibilidad del sistema. En este sentido, consideró que España debe afrontar las reformas que requieren las administraciones públicas, ante "el deterioro progresivo de los servicios que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos" (sanidad, educación, justicia, Administración del Estado, Seguridad Social, SEPE, Agencia Tributaria, Prisiones...), así como de las condiciones laborales de las personas que trabajan en los mismos.

CSIF espera que se conforme un Gobierno que permita diseñar cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y la oferta de empleo público. Concretamente, exigió suprimir la tasa de reposición para contribuir a la creación de empleo neto y el diseño de unas plantillas "adecuadas a las necesidades reales de la ciudadanía" mediante la planificación plurianual a varios años de las ofertas de empleo público, agilizar los procesos selectivos y controlar la temporalidad. Borra defendió que "la coyuntura política no puede ser excusa para demorar las reformas que requiere la Administración".

Con datos de la Seguridad Social, el sindicato recuerda que en agosto se perdieron más de 11.000 empleos en las administraciones públicas, una cuarta parte de la oferta de empleo público de este año. La Administración Central ha perdido 64.400 trabajadores en 10 años -en julio de 2022 había 515.449 trabajadores, mientras que en julio de 2012 la plantilla era de 579.892-. En este sentido, CSIF se mostró "preocupado por la situación de la temporalidad", ya que, según datos de la Encuesta de Población Activa, hay más de 1,1 millones de personas en situación de temporalidad en las administraciones públicas, lo que supone un 31% del total, y recordó que los procesos de estabilización ya están desarrollándose y deben estar concluidos a 31 de diciembre de 2024, cuando la tasa de temporalidad no deberá superar el 8% para dar cumplimiento a los requerimientos de la Unión Europea. Borra ha puesto el foco en que "hacen falta" 400.000 empleados en el sector público para poder acercarse a los niveles de empleados públicos del resto de Europa.

En lo que respecta a las pensiones, han defendido unas pensiones públicas dignas y que las clases pasivas reciban el mismo tratamiento económico que las del Régimen General. Por ello, han propuesto el inicio de tramitación de la jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica o peligrosa. También una regulación de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario; el incremento de los haberes reguladores de las pensiones de las clases pasivas y un porcentaje adicional del 5% anual para quien decida prolongar su vida laboral y la aplicación del complemento de la brecha de género a las jubilaciones parciales y voluntarias.

A estas exigencias se suman el desarrollo de la carrera profesional en la Administración General del Estado y "vincular" al resto de las administraciones que no la han desarrollado, favorecer la promoción interna, el desarrollo del teletrabajo en el conjunto del Estado; la homologación de los permisos y condiciones laborales entre administraciones; la adecuación de los grupos profesionales y la regulación de las lenguas cooficiales como mérito, nunca como requisito. Asimismo, han pedido que el Gobierno incremente la financiación del concierto sanitario del mutualismo administrativo en Muface y Mugeju correspondiente al periodo 2022-2024, ante un sistema que han tachado de "infrafinanciado" y para evitar recortes en la asistencia ante la situación económica y el incremento de los precios.

Por último, han exigido al Gobierno que haga valer el acuerdo sobre el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado firmado en abril de 2021 y saque un Real Decreto que lo regule, así como avanzar en el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado, cuyo texto CSIF acordó con el Gobierno en noviembre de 2022. Si cuando trasladen todas estas medidas al próximo Gobierno "en cuanto se forme", si no obtienen una respuesta satisfactoria, Borra no descarta "en absoluto" volver a la huelga ante un momento en el que hay "cero interlocución" con el Ejecutivo.