El PP "denuncia" el plan fiscal del Gobierno ante la Comisión Europea por "defectos de forma"

El Partido Popular ha llevado ante la Comisión Europea (CE) el plan fiscal estructural presentado esta semana por el Gobierno por incumplimiento de la legislación comunitaria, tanto en cuestiones de forma como de fondo. Por ello, ha presentado una batería de preguntas para que la CE determine el alcance real de este plan fiscal "al más puro estilo Sánchez, con previsiones irreales, gasto disparado sin considerar las previsiones europeas, desprecio del criterio del Congreso, las comunidades y los ayuntamientos, y asfixiando a los territorios que tendrán que pagarlo durante los próximos siete años", aseguró la portavoz del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del Grupo PPE en la Eurocámara, Dolors Montserrat, que criticó que el plan se ha hecho sobre "estimaciones económicas irreales".

Por su parte, el eurodiputado Fernando Navarrete denunció que detrás del "batiburrillo de cifras y fórmulas" de este plan lo único que hay es el anuncio de un ajuste fiscal a partir de 2025 basado en una subida de impuestos "al amparo de una supuesta reforma fiscal sin concretar y un aumento de las cotizaciones sociales" lo que acabará afectando negativamente al empleo y un mayor deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos. "La consecuencia final de esta composición del ajuste fiscal es que el propio Plan prevé un grave deterioro de la capacidad de crecimiento potencial de la economía desde el entorno del 2% a apenas un 1% al final de la década", subrayó en un comunicado.

La batería de preguntas presentadas por el PP se basa en el Reglamento europeo 2024/1263, que recoge las reglas que deben cumplir los planes fiscales-estructurales a medio plazo de los Estados miembros de la zona euro, para cumplir los criterios del denominado "Semestre europeo" en materia presupuestaria y de reformas. El Reglamento establece la necesidad de involucrar los parlamentos nacionales y partes interesadas y la obligatoriedad de consultar a las autoridades regionales antes de presentar dicho Plan. "Dado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desatendido las peticiones del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados para debatirlo, ni lo ha presentado a las comunidades autónomas en la correspondiente conferencia sectorial", el Partido Popular pide a la Comisión que intervenga pues ello "menoscaba la apropiación nacional y la credibilidad del nuevo marco de gobernanza fiscal de la UE", tal y como recoge la normativa.

Otra de las preguntas se refiere a la necesidad europea de que el plan fiscal incluya el impacto de las reformas sobre la base de material probatorio de carácter económico que sea sólido, "cuestión que no se ha dado en el caso español, especialmente en la valoración de la reforma de las pensiones en la que el gobierno ha decidido ignorar el impacto negativo de la subida de las cotizaciones sociales sobre el empleo y la capacidad de crecimiento de la economía".

El PP también pone de manifiesto en su recurso que el Reglamento europeo prevé que cada Plan mencione la situación procedimental en el contexto nacional, con una senda de gasto coherente con el plan presupuestario. "Teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad presupuestaria que vive España desde finales de 2023", el PP quiere que la Comisión europea evalúe la vulneración del plazo legal de presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, así como el hecho de que el Gobierno tampoco haya presentado a la fecha de remisión del plan su proyecto de plan presupuestario.

Además, pone énfasis en las consecuencias de esta situación de "precariedad presupuestaria prolongada en el tiempo, que socava la credibilidad del nuevo marco de gobernanza fiscal en la UE y perjudica la adecuada consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria".