El «banco malo» aprueba un código para evitar «pelotazos» entre sus empleados

La Razón
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La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como «banco malo», ha aprobado un código de conducta que afectará a todos sus empleados, así como al resto de personas involucradas en sus operaciones. La sociedad fue creada el pasado mes de noviembre para gestionar más de 50.000 millones de euros en activos inmobiliarios procedentes de las entidades financieras rescatadas y nacionalizadas. El código, que entró en vigor el pasado 20 de mayo, justo cuando el «banco malo» preparaba su primera venta –un lote de 38 viviendas e inmuebles en Andalucía y Valencia–, pretende evitar que la venta de los activos del Sareb se convierta en «pelotazos» inmobiliarios, gracias a la información privilegiada de la que pueden disponer los empleados de la sociedad. No en vano, se trata en la mayoría de casos de inmuebles y suelos que, por culpa de la crisis y del estallido de la burbuja inmobiliaria, han perdido gran parte de su valor inicial, por lo que salen ahora a la venta con grandes descuentos –hasta del 80% en el caso del suelo–. Esta circunstancia provoca que estas operaciones atraigan la atención de fondos de inversión, que ven en la Sareb una oportunidad de negocio única. Por este motivo, las normas fijadas por el «banco malo» establecen que «tanto los directivos como los empleados con acceso a información reservada y no pública sobre los activos de la Sareb no podrán alquilarlos o comprarlos». Además, la prohibición se hace extensiva a los miembros de su «entorno familiar más inmediato». De hecho, el código ético señala incluso que «los empleados con posiciones relevantes en la Sareb deberán mantener informada a la compañía de las personas que integren su entorno más cercano», y de aquellas otras «con las que comparten intereses económicos». Asimismo, se ha establecido la «prohibición de aceptar regalos e invitaciones de clientes, proveedores, o cualquier otra persona física o jurídica que pretenda establecer relaciones de negocio con la compañía», y todos los empleados estarán obligados a denunciar cualquier sospecha respecto al uso de información privilegiada.