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El Gobierno reparte el aguinaldo electoral: 5.500 millones para autonomías y ayuntamientos a un mes del 10-N

El Consejo de Ministros acuerda 700 millones para paliar los efectos de la insolvencia de Thomas Cook

  • La ministra de Hacienda María Jesús Montero en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros/Efe
    La ministra de Hacienda María Jesús Montero en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros/Efe

Tiempo de lectura 8 min.

11 de octubre de 2019. 14:53h

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larazon.es 11/10/2019

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley por el que pagará a las comunidades 4.682 millones de euros de entregas a cuenta de este año y 821 millones a los ayuntamientos, en total 5.503 millones de euros.

Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha informado de que el decreto ley, que se convalidará en la Diputación Permanente, "muestra un camino" para que comunidades y ayuntamientos "no vuelvan a ser víctimas" de un bloqueo presupuestario e institucional del Gobierno central.

Los 4.682 millones que se pagarán a las comunidades se suman a los 2.136 millones que ya han recibido en 2019 por distintas previsiones presupuestarias como, por ejemplo, el aumento de población.

Con estas cantidades, según Montero, las comunidades recibirán este año por financiación autonómica un total de 102.800 millones de euros, un 7,15 por ciento más que el año anterior.

Respecto a los ayuntamientos, la ministra ha señalado que con la actualización de los 821 millones de las entregas a cuenta, la financiación local se eleva a 18.879 millones, un 4,6 por ciento más.

Según la ministra, los gobiernos autonómicos comenzarán a recibir, a partir de hoy mismo, una carta en la que se les informa de la cantidad final que dispondrán en concepto de entregas a cuenta junto a la liquidación de 2018 que ha sido "francamente positiva".

En la rueda de prensa, la ministra ha considerado "un hito" que las comunidades autónomas y los servicios públicos que prestan no vuelvan a estar supeditadas a un gobierno que no esté en plenas capacidades y con unos presupuestos prorrogados.

"Nunca hasta la fecha se había dado el caso de actualizar unas entregas a cuenta con unos presupuestos prorrogados y un Gobierno en funciones", ha precisado.

Montero ha insistido en que el decreto "fortalece" la financiación autonómica y local y ha asegurado que "esta vía" servirá de "orientación" para la próxima reforma del modelo de financiación autonómica y su ley orgánica para que los presupuestos territoriales no dependan del presupuesto general de España.

La ministra ha asegurado que "no hay cambios de criterios" en la actualización de las entregas y ha recordado que el impedimento que, en su momento, esgrimió la Abogacía del Estado era que se entendía que "condicionaba" la labor del Gobierno entrante.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado vía Real Decreto Ley un paquete de medidas urgentes por valor de más de 700 millones de euros destinado a paliar los efectos de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, así como al fortalecimiento y mejora de la competitividad del sector turístico español. Entre las medidas destaca una línea de financiación de hasta 200 millones para atender a las empresas afectadas, así como la puesta a disposición de otros 500 millones para apoyar la modernización de infraestructuras turísticas.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, afirmó en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros que el Gobierno ha puesto en marcha "una respuesta razonable a una crisis sobrevenida para amortiguar en términos de empleo y actividad económica la situación un sector tan importante de nuestra economía como es el turismo".

La vicepresidenta desgranó las principales medidas puestas en marcha por el ejecutivo, con especial atención a Baleares y Canarias, para tratar de solventar la situación generada por el operador británico y tratar de dar una respuesta integral tanto a trabajadores como a empresas.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto explicó en una nota de prensa que el Gobierno ha trabajado "intensamente" para coordinar el trabajo de las administraciones públicas con el sector privado a fin de definir un paquete de medidas que se concreta en este real decreto ley "con el que queremos minimizar en lo posible los efectos de la insolvencia de Thomas Cook, pero también mejorar la competitividad y la adaptación del sector turístico, que es clave en la economía española, a las nuevas tendencias globales del mercado".

El Real Decreto-ley, que se compone de cuatro capítulos, divididos en seis artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, indica que "la gravedad de la situación" han hecho imprescindible una acción normativa rápida para responder a una situación de "extraordinaria y urgente necesidad".

Las actuaciones y medidas responden, principalmente, a un principio de temporalidad y atienden a todas las comunidades autónomas afectadas, y especialmente a Canarias y Baleares por ser territorios singularmente afectados por la situación.

Medidas de apoyo financiero

Entre las medidas de apoyo financiero destacan una línea de financiación de unos 200 millones de euros destinada a atender las necesidades financieras de las empresas afectadas. Además se destinarán 15 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias y otros 8 millones a las Islas Baleares "con el objetivo de recuperar la pérdida de conectividad, consolidar la diversificación y mejorar el destino".

El real decreto ley también pone a la disposición de las empresas otros 500 millones de euros del Fondo Financiero para la Competitividad Turística que tendrá por objeto apoyar financieramente los proyectos que desarrollen las empresas turísticas orientados a la adaptación y mejora de la competitividad, "en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización, innovación y modernización de los servicios".

La ejecución de esta iniciativa se canalizará con cargo al FOCIT --adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo--, y su administración financiera será llevada a cabo por el Instituto de Crédito Oficial.

Además el Gobierno destinará otros 1,48 millones de euros adicionales a Segittur (sociedad dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-, con el fin de apoyar la transformación de los destinos en el marco de la Estrategia de Destinos Turísticos Inteligentes.

Esta línea de préstamos se incluye dentro del paquete de trece medidas aprobada la semana pasada por el Gobierno para hacer frente a la quiebra del gigante turístico británico. Entre ellas destaca la creación de un incentivo comercial de las tarifas de Aena, autorizado por el consejo ejecutivo de Aena.

Las compañías aéreas tendrán derecho a exonerar el 100% de las tarifas de pasajeros en asientos adicionales de vuelos internacionales durante la temporada de invierno. El coste de escala se reduce así en un 38%. Además, también se reducirán las tarifas de ruta de Enaire a partir de enero de 2020, lo que supondrá un descuento de hasta el 12%.

Entre las medidas más destacadas en el real decreto se encuentran el apoyo a la prolongación de periodo de actividad de trabajadores con contratos fijos discontinuos vinculados al sector turístico en Canarias y Baleares. Así, se aumentarán las bonificaciones a la Seguridad Social en contratos de fijos discontinuos de hasta un 50%, que hasta ahora se aplicaban en enero, marzo y noviembre, y que se ampliarán también a los meses de octubre y diciembre.

Por otro lado, entre las medidas de apoyo a las empresas afectadas, el plan contempla la puesta en marcha de varias ventanillas únicas en la Tesorería de la Seguridad Social y de la agencia Tributaria para informar sobre las posibilidades que tienen las empresas para aplazar el pago de las cotizaciones y de algunos impuestos.

Asimismo, el Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, va a ofrecer apoyo e información a las empresas sobre cómo proceder en el proceso concursal que se abrirá para cobrar las deudas de Thomas Cook.

Además, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) impulsará la aplicación de las políticas activas en Canarias y Baleares para favorecer la recolocación de los trabajadores de Thomas Cook.

El plan también contempla medidas para recuperación de la demanda turística y mejora del destino. Entre ellas un programa de promoción de España como destino, el desarrollo de medidas para consolidar la oferta turística de Canarias y Baleares, el refuerzo de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes.

Además, a través del Ministerio de Justicia, se va a proceder al diseño de una estrategia jurídica en defensa de los intereses generales con el objetivo de exigir responsabilidades a la empresa Thomas Cook.

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