La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abrir una consulta pública previa a la decisión del propio Ejecutivo sobre la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell -un procedimiento inédito para operaciones de este tipo- para recabar la opinión de organizaciones, ciudadanos y asociaciones acerca de esta operación fue celebrada en Cataluña por instituciones y representantes empresariales pero ha sembrado las dudas en muchos otros ámbitos

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reaccionado en declaraciones en Telecinco con incredulidad a un anuncio que "no es comprensible" porque "descalifica" a la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y supone que el Gobierno se quita la responsabilidad de la decisión y "renuncia" a la propia posibilidad de tomar una decisión sobre la operación. "Vamos al asambleísmo puro y duro, ya está. No lo llego a entender y no entro en el fondo. no entiendo que el Gobierno se ampare en un referéndum para tomar una decisión, porque entonces habría que hacer consultas para todo".

El dirigente empresarial ha incidido en que el Gobierno "tiene una responsabilidad y una capacidad" en esta operación, cuya decisión tendrá que ser aceptada por los dos bancos implicados. "Eso es lo que marca la ley, lo que marca el Estado de Derecho y ya está. Entrar en consultas, imagínese la de consultas que podríamos hacer en España. Genera efectivamente inseguridad jurídica, es decir, a quién se pregunta, cómo se pregunta, de qué manera se pregunta y qué capacidad tiene el que contesta"-

Según ha insistido, "la ley dice que tiene la capacidad de decidir si hay compra o si no hay compra, por lo que es el Gobierno es el que tiene que decidir ahora con los informes que tiene en su mano", entre ellos el de la CNMC. "Y a partir de ahí, pues es el propio Gobierno el que, con sus atribuciones, tiene que decidir".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra esta decisión porque es una "frivolidad" y un procedimiento que se "aparta de la ley", y ha censurado que el Gobierno piense que puede tomar estas decisiones de forma "arbitraria". El líder del PP ha advertido de que esa consulta es fruto de un "mensaje populista" y, además, "marca un precedente" que le preocupa ante operaciones similares. "Imagínense si mañana se quieren fusionar otras empresas u otros bancos. Imagino que pedirían una consulta en el territorio o territorios afectados", se ha preguntado Feijóo, que acto seguido ha alertado de que esta consulta puede dar lugar a una "responsabilidad patrimonial por parte del Estado".

Por su parte, la secretaria general popular, Cuca Gamarra, criticó con dureza la consulta por el Gobierno debe respetar "los procedimientos establecidos" y no generar "inseguridad jurídica. Esto no forma parte del procedimiento, con lo cual estamos en arbitrariedad". Gamarra ha insistido en que esa consulta no forma parte del procedimiento y ha recalcado que ante un asunto "tan serio" sería "bueno" que en España tuvieran un Gobierno que "no entrara en este tipo de derivadas. Ahora quiere consultar cuando a los españoles no nos consulta absolutamente nada. No nos consultó sobre la amnistía y, sin embargo, quiere consultarnos sobre algo que tiene un procedimiento ya perfectamente establecido".

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que la consulta pública "no es vinculante", pero consideró que las aportaciones de ciudadanos, entidades y asociaciones "serán útiles" para tomar la decisión sobre la operación "con todas las garantías". Alegría ha considerado que "es verdad que para este tipo de operaciones este procedimientno se había utilizado, pero saben que es un procedimiento habitual que se utiliza en procesos normativos".

El pasado miércoles, la CNMC emitió su informe en el que aprobó en fase 2, con compromisos, pero por unanimidad, la operación que BBVA quiere lanzar sobre Sabadell, pese a que detectó riesgos en los mercados de banca minorista, tanto en servicios prestados a particulares, como pymes y autónomos, así como en mercados de medios de pago. Aunque consideró que los compromisos propuestos por BBVA son "adecuados, suficientes y proporcionados" para solucionar los problemas que esta concentración supone para la competencia, acordó exigir a BBVA una serie de compromisos para garantizar la presencia de oficinas de Sabadell y el acceso a cajeros en zonas poco pobladas, con rentas bajas o con escasa competencia. La mayoría de los compromisos tendrá una duración de tres años (36 meses), prorrogables por otros dos años más en el caso del crédito a pymes; y de año y medio (18 meses) en el caso de los cajeros.