El Gobierno, obligado a transferir casi 23.000 millones a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones en 2025

Esta semana habrá techo de gasto, objetivos de deuda y déficit para las Administraciones públicas 2025. Así lo aprobará mañana el Consejo de Ministros como paso previo a presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), pese a no tener confirmados los votos necesarios después de haber sido rechazados el pasado mes de julio en el Congreso. De momento, el Gobierno empezará por presentar el techo de gasto no financiero, medida que no necesita el apoyo parlamentario.

Si no hay cambios de última hora, la cifra planteada por el Ejecutivo superará los 199.170 millones de euros, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea y las transferencias que el Estado se ve obligado a pagar a la Seguridad Social para poder afrontar el deficitario sistema de pensiones, por un importe que roza ya los 23.000 millones, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023.

La Seguridad Social deberá cumplir con un déficit que no puede superar del 0,2% en los tres próximos ejercicios para cumplir con la exigencias de Bruselas. La intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es aprobar una senda fiscal que deberá situar, por un lado, el déficit público en el 2,5% en 2025, en el 2,1% en 2026 y en el 1,8% en 2027 y, por otro, recortar la deuda en tres años –plazo marcado por Bruselas– por debajo del 100%, tras reactivar este ejercicio las reglas fiscales suspendidas desde 2020 por la pandemia.

Un objetivo complicado, ya que está situada en la actualidad en el 107,7% del PIB, aunque Economía espera que caiga este año hasta el 105,5%. Su objetivo es que las Administraciones reduzcan el agujero al 103,6% en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%, y casi dos puntos menos en 2027, para quedarse por debajo del 100% y situándose en el 99,7%.

Fuentes gubernamentales confirmaron que prorrogarán los PGE de 2023 si no hay consenso y que el Ejecutivo se mantiene la intención de agotar la legislatura, incluso ante un hipotético rechazo de las Cortes Generales a las Cuentas públicas, lo que obligaría a Pedro Sánchez a alargarlas por segundo año consecutivo para evitar la convocatoria de unas nuevas elecciones generales, cuyas encuestas no le son nada favorables.

Este nuevo intento será el cuarto con el que pretende salvar sus objetivos de estabilidad presupuestaria, por lo que ya están negociando con sus socios independentistas y salvar, sobre todo, el escollo de Junts, a los que reclaman su voto a favor de la senda fiscal tras el paso dado adelante con la "financiación singular". En este sentido, las mismas fuentes avisan de que si no hay Presupuestos, será muy difícil cumplir con sus compromisos, aunque tienen claro que, con o sin senda, el Gobierno presentará las cuentas públicas de 2025.