Guerra sindical a la vista contra la reforma del sistema asistencial del desempleo. La propuesta del Gobierno de aprobar de forma unilateral "en las próximas semanas" la reforma de los subsidios que perciben los parados cuando han agotado la prestación contributiva ha levantado en armas a los sindicato mayoritarios, que exigen la convocatoria de la Mesa de Diálogo Social para negociar "de inmediato" la reforma de la protección social de los desempleados.

Ambos sindicatos han cargado contra las declaraciones del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, que daba por cerrada la reforma. Según dijo, tiene la intención de "incentivar la reinserción en el mercado laboral de los parados de larga duración", en la búsqueda del objetivo del pleno empleo que se ha marcado el Ejecutivo para esta legislatura. Los sindicatos ya advierten de que "no se ha trasladado propuesta alguna a los interlocutores sociales" y que "lo que se pretende aprobar, no se corresponde con la reforma de la protección asistencial por desempleo que necesitamos".

Según fuentes ministeriales, la reforma se centrará en potenciar el acuerdo de actividad que todos los desempleados hacen con los servicios públicos de empleo "para que el apoyo que hace la Administración para formarlos, darles un itinerario personalizado y facilitar su inserción en el mercado de trabajo tenga reciprocidad en la búsqueda activa de trabajo y en la aceptación de las ofertas adecuadas" de empleo.

Tanto UGT como CC OO temen que estos desempleados de larga duración pierdan "la última protección social que les queda". Desde el Ministerio niegan este extremo y remiten a las palabras de García Andrés, de que la idea del Gobierno con esta reforma es "orientar todo el sistema de subsidios por desempleo hacia la reincorporación de los trabajadores al mercado de trabajo", teniendo en cuenta además la "escasez" de perfiles que han detectado tanto el SEPE como el Banco de España en "muchos sectores, tanto de sectores de mano de obra muy cualificada como de sectores de menor cualificación".

Las mismas fuentes recuerdan que la ley vigente establece que "el rechazo de una oferta de empleo adecuada o de un curso de formación, sin causa justificada, por parte de un desempleo que cobra prestación puede sancionarse con la pérdida de la misma durante tres meses la primera vez, seis meses en una segunda vez y con la extinción si reincide en una tercera ocasión". Ahora, quieren actualizar el cuadro de ayudas porque "hace años, con unas tasas de paro muy elevadas, el sistema de subsidios por desempleo incorporó elementos sociales de protección que, ahora, en el mercado de trabajo que tenemos hoy, tenemos cubiertos con el Ingreso Mínimo Vital (IMV)". El secretario de Estado ya dijo que que "es el momento de hacer esta reforma" del nivel asistencial "para activar a todos los trabajadores que están percibiendo un subsidio".

Los sindicatos, que han manifestado su "sorpresa por las prisas del Gobierno", han recordado que ya el Ministerio de Trabajo anunció en la anterior legislatura su intención de reformular el sistema de protección por desempleo en su fase asistencial, con cambios en el subsidio de desempleo, simplificando su estructura y facilitando los criterios de acceso para llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura, una reforma se incluyó también en el Plan de Recuperación. Estos cambios estaban todavía pendientes de negociar con los sindicatos, de ahí su enfado al ver "la unilateralidad del Gobierno, que no ha negociado nada".

Por esta razón, los sindicatos reclaman por "vía de urgencia" la convocatoria de la Mesa de Diálogo Social en esta materia para abordar los problemas que han detectado en esta reforma, que pasan por la suficiencia de las prestaciones, los vacíos de cobertura, las personas sin prestación, la necesidad de mejorar los resultados de las políticas activas de empleo y los bajos niveles de intermediación de los servicios públicos.

Para los sindicatos, es necesaria una "revisión en profundidad" del entramado de prestaciones asistenciales con distintos requisitos, como edad, tiempo cotizado, cargas familiares, rentas propias, rentas familiares, períodos de espera, búsqueda activa de empleo y compromiso de actividad, que dificultan el acceso y la gestión de las mismas. Asimismo, han pedido simplificar el amplio abanico de subsidios asistenciales existentes, facilitar los criterios de acceso para llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura, junto con el refuerzo de las plantillas del SEPE, incluido el número de orientadores y su capacidad de intermediación en el mercado de trabajo para conseguir mejorar la adecuación de la formación y capacitación para el empleo de las personas. "Por todas estas razones, deben contar con nosotros".

Desde UGT ya advierten que esta reforma contaría con "la oposición" de su sindicato, dado que los servicios de empleo "no acompañan, no orientan, no dan formación, no reciclan y no ayudan a la búsqueda de trabajo". Además, reclamó que cualquier reforma del subsidio por desempleo se aborde en la mesa del diálogo social, con sindicatos y patronal, aunque insistió en que "si va en esta dirección, nos opondremos", porque sería "casi culpabilizar al que tiene hambre cuando no le das de comer. No es procedente castigar a las víctimas del paro".

El vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha recordado que la cuantía actual del subsidio está por debajo del umbral de la pobreza "tal y como se entiende por la Carta Social Europea y por la normativa comunitaria". Por ello, apostó por actualizar el subsidio para adaptarlo a los "estándares europeos. No se están cumpliendo las obligaciones que nos impone el Pilar Europeo de Derechos Sociales" porque los desempleados "no están recibiendo ni la ayuda, ni la formación ni el reciclaje" que necesitan.