Hacienda impulsa el ascenso de interinos a dedo antes del 23J: «Es un coladero de eventuales de partidos políticos»

La rebelión de los altos funcionarios contra la renovación de la Administración Pública no cesa. Pese a que unos de los apartados más polémicos de la Ley de Función Pública y que levantó en armas a los miembros de la escala A1 ha quedado congelado –el que permitía al Gobierno tener el control sobre los ascensos y nombramientos de interinos y abría la puerta a colocaciones a dedo– ha quedado congelado al no poder tramitar la Ley por la convocatoria electoral, el Gobierno está utilizando otras vías para lograr el mismo fin y «promocionar interinos afines hacia los cuerpos superiores del Estado, reduciendo el nivel de exigencia tradicional de los procesos de oposición» –denunciaron a LA RAZÓN fuentes de estos cuerpos–, amparándose en que es el mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8%.

Y para muestra, un botón. Apenas dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el adelanto de las elecciones generales, desde Hacienda se convocaron 1.610 plazas de personal laboral fijo para la Administración General del Estado (AGE), 793 plazas del turno libre y 817 de promoción interna. En el Ministerio de María Jesús Montero negaron una vinculación directa entre las elecciones y esta convocatoria, alegando que «ya estaba prevista».

Sin embargo, organizaciones de estos altos funcionarios han denunciado la apertura de procesos de acceso a cuerpos superiores mucho más elevados de lo habituales, como en la escala de los Administradores Civiles del Estado, que han denunciado la publicación en el BOE de 195 plazas al cuerpo, cuando «hay años que apenas se convocan y como máximo se han llegado a anunciar menos de un centenar», manifiestan fuentes de este cuerpo, que temen que Hacienda aplique por su cuenta la cláusula relacionada con la inclusión en la convocatoria del proceso selectivo a aspirantes interinos de cuerpos inferiores, que afronten un temario menor al exigido hasta ahora, sin prueba de idioma y, en vez de varios exámenes, reducirlo a uno –consistente en dos ensayos de actualidad política, económica, social y jurídica–, en un «claro proceso de estabilización fraudulento».

El Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado es uno de los pocos, junto al Cuerpo Diplomático, que no cuenta con la figura del interino por la complejidad y la exigencia del acceso a estos puestos, de la máxima capacitación profesional. Por eso, desde la organización que agrupa a estos altos empleados públicos se denuncia que Hacienda ha abierto por primera vez la puerta a la posibilidad de acceder a estos puestos a interinos «con el único mérito de aprobar un solo examen, algo inadmisible, que rebaja por completo la exigencia y el nivel que caracterizan a este cuerpo», además de abrir la posibilidad de que acceden a puestos de máxima relevancia «personas sin el nivel adecuado y puestas prácticamente a dedo», critican.

Además, recuerdan que los Administradores del Estado siempre han sido un cuerpo «alejado del clásico burócrata, que se ha esforzado por defender la visión de un funcionario capaz y analítico alejado de la simple aplicación rutinaria de leyes y reglamentos. Por eso ahora denunciamos que el Gobierno quiere cambiar esta concepción por una nueva visión que no ha sido consensuado ni consultado, desarrollada de forma autónoma por la Secretaría de Estado de Función Pública para crear un cuerpo bajo su paraguas político». También recuerdan que el tribunal designado tendrá que hacer frente a la calificación de «un examen cargado de subjetividad, en el que sus miembros –entre quienes está el secretario general del CIS– podrán utilizar su criterio como coladero para los caladeros de eventuales colocados por los partidos políticos. Esta no es la manera de modernizar la Administración Pública».