Investigación
Hacienda pone en la diana con una macroperación antifraude al sector del material del construcción
Un ejército de 300 inspectores registra 74 empresas en busca de pruebas de fraude fiscal, economía sumergida y doble contabilidad. La operación comenzó tras detectar signos externos de riqueza no justificados en socios y administradores
Una macrooperación antifraude en 14 comunidades para acabar con una supuesta trama evasora en el sector de la venta de materiales de construcción. Ahí ha puesto la Agencia Tributaria la diana para investigar a 74 empresas del sector de la construcción, con una facturación conjunta de 280 millones, a los que se suman como investigadas 25 personas físicas. La operación coordinada que se ha dado a conocer hoy, se inició el miércoles en con el nombre clave de 'Argamasa', que ha comprobado con más de 300 funcionarios de la Agencia sobre el terreno documentación en un total de 71 locales, que afecta a socios, administradores y personas del entorno familiar en Andalucía (8), Aragón (4), Asturias (5), Baleares (3), Canarias (4), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (6), Cataluña (11), Extremadura (2), Galicia (8), Madrid (9), Murcia (1) y Comunidad Valenciana (8).
Según ha informado la Agencia Tributaria, la investigación se puso en marcha al constatar una serie de indicios de economía sumergida en estos negocios, que han ido creciendo por la propia evolución experimentada en los últimos años en el ámbito de la construcción y las reformas, y haciendo bueno el objetivo marcado en su Plan Anual de Control Tributario de 2023, que ya avanzó que impulsaría "peinados fiscales" con "un enfoque especial" a las actividades relacionadas con la construcción, rehabilitación y reformas de inmuebles. En concreto, esta macroinspección ha puesto el foco en aquellas empresas con personas físicas asociadas que han experimentado "diversos casos de signos externos de riqueza que podrían constituir indicios de ocultación de ingresos, como el alquiler de cajas de seguridad y el uso de tarjetas personales de alto importe".
La Agencia ha logrado acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real existente, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información, "al objeto de confirmar y cuantificar el volumen de actividad no declarada por las empresas". En alguna de las personaciones realizadas ayer, incluso ha detectado "la existencia y utilización de software de ocultación de ventas o doble contabilidad. Las inspecciones, que se desarrollarán en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas inicial, analizarán toda la documentación obtenida", avanzaron las mismas fuentes.
Hacienda quiere poner en claro con esta operación las especiales características del funcionamiento económico de estas empresas, que ha levantado muchas sospechas, al tener un escaso uso de pago a través de tarjetas -el pago con tarjeta representa menos de un 8% de la facturación-. Si bien esto no implica necesariamente un uso intensivo del efectivo, dado que se trata de un sector con gran volumen de operativa comercial con otros empresarios, esa particularidad del escaso uso del cobro con tarjetas, sumada a las también escasas imposiciones de efectivo en cuentas -menos de un 6% de la facturación-, merecen "especial atención y un examen más exhaustivo" sobre la correcta declaración de los ingresos, afirma Hacienda.
Otro elemento que se ha considerado para la selección de estas empresas es el hecho de que en las personas físicas asociadas con estas empresas se han encontrado diversos casos de signos externos de riqueza que podrían constituir indicios de ocultación de ingresos, como el alquiler de cajas de seguridad y el uso de tarjetas personales de alto importe.
Con personaciones como las realizadas en los locales seleccionados, la Agencia logra acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real existente, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información, al objeto de confirmar y cuantificar el volumen de actividad no declarada por las empresas.
La Agencia Tributaria explica que dicha operación comenzó tras detectar "signos externos de riqueza no justificados en las personas físicas asociadas con estas empresas" -y que podrían constituir indicios de ocultación de ingresos-, además de márgenes sensiblemente inferiores a los de su sector en las compañías afectadas. Las inspecciones, que se desarrollarán en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas inicial, analizarán toda la documentación obtenida.
Con la operación 'Argamasa' son ya 22 las macrooperaciones sectoriales coordinadas desplegadas por la Agencia en la última década. Hacienda afirma que este tipo de actuaciones, además de facilitar la detección y regularización del fraude fiscal, permiten transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas, que tienen impacto en las arcas públicas y distorsionan gravemente la competencia en el propio sector afectado.
La operación 'Argamasa' ha sido coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, contando con la participación de 300 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las unidades de Auditoría Informática, y más de una veintena de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia, así como con el apoyo de agentes policiales.
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