Los inquilinos se rebelan contra el "negocio de la vivienda": miles de manifestantes toman las calles para reclamar el fin de la burbuja del alquiler

Una marea de inquilinos ha tomado las calles de 40 ciudades este sábado bajo el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda". Al grito de "ni gente sin casas, ni casas sin gente" o "rentistas culpables, Gobierno responsable" y agitando sus llaves, miles de personas convocadas por los sindicatos de inquilinos, con el respaldo de CC OO y UGT, han exigido una rebaja del 50% en los alquileres, terminar con el "chollo" de los rentistas, ampliar el parque público, poner fin a los desahucios y prohibir las empresas de desokupación.

En una nueva protesta aún más masiva que la de octubre, la portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Valeria Racu, ha dicho a los medios en la cabecera de la manifestación que ha discurrido entre el Paseo del Prado y Plaza de España que "decretan los alquileres indefinidos" y ha instado al medio millón de hogares cuyos contratos acaban este año, según sus datos, "a quedarse en casa y resistir". "Se está logrando bajar un 30% los alquileres gracias a las huelgas", ha asegurado Racu. "Aquí está el poder del inquilino", "vamos a acabar con vuestro negocio", ha subrayado en referencia a los rentistas y el Gobierno, que ha estado presente en la protesta madrileña con representantes del PSOE y Sumar, a los que se ha sumado también Podemos.

El manifiesto leído por el Sindicato durante la protesta en Madrid denuncia que los alquileres desorbitados empobrecen a la clase trabajadora y dificultan el acceso a la vivienda. Critica el enriquecimiento de una minoría rentista, la impunidad de la patronal inmobiliaria y la falta de estabilidad para construir un proyecto de vida, reclamando que la vivienda deje de ser un negocio y se reconozca como un derecho. "Solo las huelgas de alquileres y la organización sindical acabarán con el negocio de la vivienda", advierten los convocantes. El objetivo de las protestas es "bajar el precio de la vivienda y pinchar la burbuja del alquiler", ha defendido Mariola Gutiérrez, portavoz del Sindicato de Vivienda de La Rioja.

Oferta hundida, demanda en máximos y precios disparados

El precio medio de una vivienda en alquiler se ha disparado un 94% en los últimos 10 años, según datos de Fotocasa. En plena crisis económica de 2015, el valor medio del metro cuadrado se situaba en 6,97 euros, es decir, unos 557,6 euros por una vivienda media de 80 metros cuadrados. En 2020, el precio del alquiler ya se había disparado un 27% respecto a los niveles de cinco años antes, pero el acelerón en el lustro siguiente ha sido mucho mayor. Ahora el metro cuadrado del alquiler asciende a 13,54 euros, lo que sitúa la renta de una vivienda media en 1.083,2 euros, muy cerca del Salario Mínimo Interprofesional (1.184 euros brutos en 14 pagas).

Los portales inmobiliarios reconocen que nos encontramos ante el mayor encarecimiento de la historia del mercado del alquiler. El sector explica que la subida galopante de los precios se debe a la brecha entre una demanda en máximos -el año pasado, de media, 124 personas contactaron con cada vivienda que salió al mercado del alquiler en un plazo de diez días, frente a las 45 de 2023- y una oferta en mínimos -ha caído un 56% en Idealista en comparación con el stock máximo anunciado a finales de 2020-, que se ha visto lastrada por el intervencionismo del Gobierno, denuncian. La suspensión de los desahucios de inquilinos morosos y los topes al precio del alquiler como los introducidos por la Ley de Vivienda han provocado un trasvase de miles del viviendas del alquiler habitual a otras modalidades exentas, como el alquiler de temporada o por habitaciones, o incluso directamente se han puesto a la venta.

Así, mientras el alquiler está en su peor momento, con escasez y precios imposibles, la compraventa repunta impulsada por la mejora de la financiación tras los sucesivos recortes de tipos del BCE. En 2024, la compraventa de viviendas aumentó un 10% respecto al año anterior, alcanzando las 641.919 operaciones, la segunda mayor cifra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria, y solo superada por la de 2022, cuando se compró apenas un 1% más que el año pasado. Según las estimaciones de CaixaBank Research, el número de compraventas de vivienda se situará en torno a 650.000 operaciones en 2025, igualando el registro récord de 2022.

El problema es que, aunque el contexto se ha vuelto menos hostil para comprar, el encarecimiento de los inmuebles (11,2% en el primer trimestre de 2025, según datos de Idealista), y por tanto de las entradas para conseguir una hipoteca, expulsa del mercado de la compraventa a los perfiles más jóvenes y precarios. Según las estimaciones del portal inmobiliario Idealista, adquirir un piso de dos dormitorios requiere, de media, 51.410 euros en ahorros previos para pagar la entrada (20% del valor de la vivienda que no cubre el banco más los gastos e impuestos), una cantidad que, con la tasa de ahorro actual de las familias (7,1% en 2024, según el INE), tardaría 24 años en reunirse por el hogar medio español. Condenados a vivir de alquiler, los inquilinos acaban atrapados en un laberinto sin salida, donde la asfixia por pagar las altas rentas mensuales impide ahorrar y adquirir una vivienda en propiedad.

No hay acuerdo sobre cómo solucionar la crisis de vivienda

Todas las partes implicadas reconocen la gravedad de la crisis de vivienda que atraviesa España, pero ponen sobre la mesa soluciones muy distintas. Los manifestantes piden contratos de alquiler indefinidos (medida que acaba de rechazar el Senado al entender que supone la vuelta del modelo franquista), que se recuperen las viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada, que se prohíba la compra de casas si no es para vivir en ellas o se "desarticulen" los grupos de desokupación. También demandan ampliar el parque público de vivienda, pero no a través de la construcción masiva, sino de la vuelta al parque público de la vivienda de Sareb y de expropiaciones.

El sector inmobiliario, en cambio, denuncia que no hay suficiente suelo finalista. A esto se une el bloqueo de la reforma de la ley de suelo, la falta de agilidad en los trámites y licencias ante la excesiva burocracia o la elevada carga impositiva que soporta la vivienda, donde un 25% son impuestos. El Ejecutivo, por su parte, ha promovido una empresa pública de vivienda y suelo y defiende la eficacia de la Ley de Vivienda y su control de precios. Además, ha lanzado un registro de alquileres de corta duración, ha eliminado las "golden visa", que concedían la residencia a extranjeros por la compra de inmuebles de más de 500.000 euros y ha introducido la obligación de que los nuevos alquileres turísticos cuenten con la aprobación del 60% de la comunidad de vecinos. Asimismo, trabaja en un paquete fiscal para incentivar la rebaja de los alquileres y desincentivar la compra de extranjeros no residentes y mantiene su bono de alquiler joven, así como los avales para la compra.

En un hilo en redes sociales, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reprochó que ciertos gobiernos municipales o autonómicos “pongan alfombra roja a la especulación, que no hagan nada ante miles de pisos turísticos ilegales o que boicoteen la Ley de Vivienda por puro partidismo”.