Las insolvencias golpean a los hogares: las solicitudes de concurso de particulares se disparan un 217%

Los problemas económicos que están afrontando los hogares se reflejan en las estadísticas de los tribunales. El número de concursos presentados por particulares se ha disparado en el segundo trimestre, con un incremento del 217% respecto del mismo periodo del año anterior. En total, han sido 9.279 solicitudes, más del 77% de todos los que se presentaron. La lista la encabeza Cataluña, con 2.875 procedimientos de este tipo presentados por personas físicas, el 31% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.258; la Comunidad Valenciana, con 1.200; y Madrid, con 1.054.

Entre abril y junio, se registraron 12.006 concursos de acreedores en los Juzgados de lo Mercantil, con un aumento del 107,1% respecto de los registrados en estos órganos judiciales y en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción en igual trimestre de 2022. Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, el mayor número se registró en Cataluña, con 4.074 concursos registrados que representan un 33,9% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.475 concursos; Comunidad Valenciana, con 1.450; y Madrid, con 1.416.

Respecto a los concursos de personas jurídicas, es decir, empresas y otras organizaciones, se presentaron 1.528, un 1,2% más que en el mismo trimestre de 2022. Cataluña volvió a ser la comunidad autónoma donde se registraron más concursos de este tipo, con 496, lo que supone el 32,5% del total nacional. Le siguieron Madrid, con 260; Comunidad Valenciana, con 178; y Andalucía, con 131. Por otra parte, los concursos presentados por personas naturales empresarios alcanzaron la cifra de 1.199 y fueron los únicos que mostraron una tendencia a la baja, con una caída de un 11,9% respecto a igual trimestre de 2022.

El número de concursos declarados en el segundo trimestre de 2023 en los Juzgados de lo Mercantil ascendió hasta un total de 9.000, lun 496,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Llegaron a la fase de convenio un total de 48 concursos, un 63,9% menos que un año antes, mientras que los que iniciaron la fase de liquidación, 1.292, casi duplicaron la cifra registrada en el segundo trimestre de 2022 al aumentar un 43,7%.

Deudas y despidos

En cuanto a la reclamación de deudas, uno de los mecanismos más utilizados son los procedimientos monitorios, que se pueden aplicar cuando se trata de deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. En estos casos, los procedimientos monitorios alcanzaron la cifra de 297.658, con un fuerte incremento interanual del 36,7%. Madrid lidera las estadísticas, con 53.122 presentados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción. Le siguen Andalucía, con 52.473; Cataluña, con 51.383; y la Comunidad Valenciana, con 34.940.

En el ámbito laboral, también ha habido un importante repunte de las demandas por despido, con 34.014 procedimientos, un 18,3% más que en el mismo trimestre de 2022. Cataluña, con 7.160 (el 21,1%), fue la región en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Andalucía, con 5.336; Madrid, con 5.230; y la Comunidad Valenciana, con 4.517. Respecto de las reclamaciones de cantidad, aumentaron un 16,6%, con 35.469 procedimientos, el 22,2% presentadas en la capital.

Las estadísticas del CGPJ recogen también una disminución de las ejecuciones hipotecarias del 17,3%, hasta alcanzar la cifra de 5.161 procedimientos, la mayoría de ellos en Andalucía, con un 20,6% del total nacional. Respecto de los juicios por ocupación ilegal de viviendas, en el segundo trimestre de 2023 ingresaron 797 asuntos de este tipo, un 2,3% por ciento más que el año anterior. En Cataluña se presentó el 24,5% de demandas, que se pueden iniciar cuando el propietario es un persona física, una entidad sin ánimo de lucro o cuando se trata de entidades públicas poseedoras de vivienda social