Los inspectores de Trabajo, sobre el estatuto del becario: "Es papel mojado»

El estatuto del becario, aprobado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos de clase UGT y CC OO sin apoyo del cuerpo educativo ni de las empresas, «es papel mojado». Así lo aseguran a este diario fuentes de la Inspección de Trabajo, que indican que es imposible su puesta en marcha en las actuales circunstancias: sin personal ni medios para controlar el buen cumplimiento en las empresas y la administración.

Sin embargo, ajena a esta realidad, Díaz se congratuló ayer de la aprobación de la norma en la firma con los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, del acuerdo, pendiente aún de aprobación en el Consejo de Ministros y por la diputación permanente del Congreso.

Sin presencia de la patronal CEOE, que no acudió por razones obvias, Díaz destacó que se «da luz a zonas en las que se permitían todo tipo de abusos» y se establecen los derechos y obligaciones necesarias para expulsar del sistema las «prácticas fraudulentas». «Se ha acabado el tiempo de usar a los jóvenes como de usar y tirar (...) como asalariados fantasmas», subrayó la vicepresidenta segunda en tono electoral.

La CEOE no considera de recibo aprobar de forma exprés una normativa con las Cortes disueltas y que deberá aprobar la diputación permanente previo paso por el Consejo de Ministros.

En este sentido, fuentes de la Moncloa indicaron a Efe que el texto «aún está verde». El ministro de Universidades, Joan Subirats, afirmó que se estudia la forma de compatibilizar el componente laboral y formativo de las prácticas y que la aplicación de la norma puede verse aplazada.

En cualquier caso, para Díaz el acuerdo «permite cerrar el círculo de la formación de calidad y el empleo digno para los jóvenes». En un acto sin preguntas de los medios, los líderes sindicales apostaron por dejar cerrado el acuerdo en una legislatura a la que le quedan días.

El texto consagra que los becarios tendrán derecho a una compensación «por una cuantía mínima para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica incurra como consecuencia de esta», como el gasto de desplazamiento, alojamiento o manutención, si bien la empresa no estará obligada «si existen otras becas o ayudas que los cubran». También blinda las vacaciones, al establecer que la formación respetará «los límites y descansos, incluidos festivos y vacaciones, fijados en las normas legales y convenios colectivos que resulten aplicables» al resto de trabajadores y permite compatibilizar la formación con el cobro del paro.