Fianza de 16 millones en 24 horas para la ex cúpula de Abengoa

La Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra Benjumea y Sánchez Ortega y les obliga a responder de las indemnizaciones cobradas para afrontar posibles responsabilidades

El ex presidente del consejo de administración de Abengoa, Felipe Benjumea, y el que fuera consejero delegado de la compañía de energías renovables Manuel Sánchez Ortega deberán hacer frente a sendas fianzas civiles de 11,5 y 4,5 millones de euros, respectivamente, para plantar cara a posibles responsabilidades pecuniarias. Las cantidades coinciden con las que ambos percibieron este mismo año, supuestamente de forma indebida, tras abandonar la entidad, y que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decidió ayer investigar al admitir a trámite, a instancias de la Fiscalía, la querella que presentaron por administración desleal contra ambos ex directivos dos titulares de bonos de la empresa. Con un fin de semana de por medio, y en función del momento en que se haya notificado la resolución a las partes, ese plazo comenzará a contar a partir del próximo lunes.

La investigación se hará también extensiva al posible uso de información privilegiada por parte de Sánchez Ortega, quien tras abandonar Abengoa e incorporarse a Blackrock habría asesorado a este fondo en la compra de acciones bajistas de su antigua compañía, beneficiándose, según el fiscal, del conocimiento que tenía de la situación real de Abengoa, que solicitó el preconcurso de acreedores el pasado 26 de noviembre al arrastrar una deuda de más de 20.000 millones de euros.

Lamela acuerda también las primeras diligencias para intentar esclarecer los hechos dado que «no puede descartarse su relevancia penal». En primer lugar, reclama a Abengoa y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) toda la información de la que dispongan sobre los pagos, este mismo año, de 11.448.000 y 4.480.000 euros a Benjumea y Sánchez Ortega.

A la CNMV, además, le pide la documentación relativa a la compra de acciones de Abengoa por parte del fondo Blackrock desde el pasado 1 de agosto. Por último, solicita al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla la copia de la solicitud de preconcurso instada por la compañía energética (y todos los documentos aportados por la empresa) y a Deloitte le requiere el último informe que elaboró la auditora sobre las cuentas y resultados de Abengoa.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado sobre la suerte que correrá una segunda querella presentada por ocho accionistas y titulares de bonos –respecto a la cual la Fiscalía ha pedido el archivo– contra varios ex consejeros de Abengoa y la consultora Deloitte (entre ellos Benjumea y Sánchez Ortega) por delitos societarios.

Otra querella, a la espera

Por ahora, se tramitará en un procedimiento aparte a la espera de la decisión sobre su admisión a trámite pues la magistrada no ve conexión alguna entre los hechos denunciados en ambas. Investigarlos en la misma causa, explica, acarrearía «un proceso complejo» que sólo serviría para retrasar la instrucción.

Antes de decidir si la instrucción del procedimiento se declara complejo –como le pide la Fiscalía para evitar que el plazo máximo de la investigación se fije en 18 meses–, la magistrada da traslado a los querellantes para que se pronuncien al respecto antes de tres días.

La decisión de Lamela de admitir a trámite la querella contra los dos ex directivos de Abengoa llega apenas 24 horas después de que la Fiscalía se pronunciara a favor de investigar la denuncia de los dos titulares de bonos de la compañía por administración desleal y, en el caso de Sánchez Ortega, además, por uso de información privilegiada.

En su escrito, el fiscal José Perals acusa a los dos ex directivos de «anteponer sus intereses patrimoniales» en la administración de la entidad «pese a la confianza que tenían en ellos depositada los propietarios de la empresa». El representante del Ministerio Público justificaba la competencia de la Audiencia Nacional para instruir el procedimiento en la existencia de múltiples perjudicados (más allá de los dos denunciantes) y en los posibles efectos para la economía nacional (Abengoa emplea en nuestro país a más de 6.000 trabajadores, cotiza en Bolsa y ha entrado en preconcurso de acreedores).

En la querella, el abogado de los dos titulares de bonos de la compañía, Felipe Izquierdo, califica de «horrible» la gestión de Abengoa y denuncia que los dos ex directivos abandonaron la compañía poco antes de que se presentase el preconcurso, cobrando unas indemnizaciones millonarias pese a conocer su auténtica realidad financiera. Lejos de utilizar esa información «para salvar a miles de inversores» abocados a una situación concursal, actuaron, asegura el letrado, «en su propio beneficio y lucro personal».

Primera demanda de accionistas a la cúpula

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) presentó ayer la primera demanda de responsabilidad civil contra la compañía y su consejo de administración en nombre de un grupo de 250 accionistas minoritarios por daños y perjuicios. Según el despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo –responsable de la defensa de estos accionistas–, es la primera demanda de esta clase en España contra una gran cotizada.