Los peritos no pidieron información a Hacienda sobre las tarjetas «black»

Los peritos que cuestionaron las cuentas de Bankia en su fusión y salida a Bolsa admitieron ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que no pidieron información a la Agencia Tributaria sobre el uso de las «tarjetas black» opacas al fisco, en las que los ex consejeros de la entidad y de Caja Madrid cargaron 15,2 millones de euros en gastos personales, informaron fuentes jurídicas. Los funcionarios del Banco de España finalizaron ayer los interrogatorios.

Los expertos, Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets, reconocieron a preguntas del abogado del ex director general financiero de Bankia, Ildefonso Sánchez Barcoj, que elaboraron sus conclusiones a partir de la información facilitada por la entidad y que no pidieron documentación complementaria a Hacienda. Aún así, reiteraron que los ex directivos tuvieron «una voluntad clara de ocultar» estos gastos, como demostraría el hecho de que no tributaron por este concepto ni comunicaron la existencia de los plásticos a las auditorías interna y externa ni al experto independiente de la firma Garrigues.

El dictamen pericial revelaba que el uso de las tarjetas, en las que se cargaron 15,2 millones entre 1999 y 2012, supuso un incumplimiento de la Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid, al no encajar los gastos ni como «asistencia» a reuniones de los órganos de gobierno ni como «indemnizaciones» por los perjuicios que la «participación efectiva» en los mismos podría provocarles.

En la última jornada de comparecencias para ratificar sus informes, Busquets también aseguró que los ajustes de 1.192 millones de euros que Bankia debería haber realizado en 2012 al reclasificar créditos que tenían un mayor riesgo de no ser devueltos por los adjudicatarios podrían haberse visto aumentados en otros 653 millones, correspondientes a otros préstamos concedidos a esas mismas empresas. Los ajustes, por valor de 1.845 millones, se produjeron al reconvertirse los créditos de la categoría «normal» a «subestándar» –con mayor riesgo de no ser devueltos– aunque, según los peritos, deberían haberse considerado «morosos». En todo caso, el perito explicó que no incluyó este dato en las conclusiones de su informe porque era una estimación y no contaba con la documentación necesaria que lo avalara.

Los peritos consideraron que el equipo entrante, dirigido por José Ignacio Goirigolzarri, tuvo tiempo para reformular las cuentas de la entidad de 2011, que pasaron de unos beneficios de 309 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones, porque los mayores deterioros se produjeron antes.