La nueva Ley de Bienestar Animal triplicaría el precio de la carne

La inflación está dejando consecuencias visibles en el día a día de los hogares españoles. El aumento de los precios continúa imparable en los carburantes, la luz o el gas, lo que complica que las familias puedan llegar a fin de mes. Pero la mayor preocupación se centra en la cesta de la compra. Productos básicos como el aceite, los huevos, el pescado o los lácteos han visto incrementar sin freno su coste. Y todo apunta a que la situación va a ir a peor. Así lo avisan las patronales del sector cárnico, que advierten que los precios de este producto básico en la dieta española pueden triplicarse de golpe, y no solo por la inflación, sino principalmente por la aplicación de Ley de Bienestar Animal de la Unión Europea.

«El impacto socioeconómico que va a tener esta propuesta de ley va a ser enorme y nadie ha hecho ningún estudio o informe para ver cómo se pueden hacer las cosas mejor», se lamenta Pedro Barato, presidente de la asociación agraria Asaja. Tanto él como representantes de otras organizaciones destacan la «falta de rigor» con la que se ha propuesto la normativa y denuncian que no se haya consultado a los productores ni a la industria. «No ha habido ninguna mesa de negociación, nada».

Los sectores cunícola, avícola y porcino expresan su preocupación con una normativa que les obligaría a reducir la densidad de población de los animales en casi un 30%. Ello significaría el fin inmediato de 1.500 de las 5.000 explotaciones existentes, y de las 3.500 restantes muchas no podrían afrontar los costes en medio plazo. La nueva legislación obligaría a construir un 73% más de naves con el fin de compensar la pérdida de productividad, lo que supondría una inversión de 1.800 millones de euros y una disminución en la población de las zonas rurales, puesto que, «ante la imposibilidad de producir por falta de rentabilidad, no habría granjeros», afirma Jordi Montfort, secretario general de la patronal de los avicultores Avianza.

En la misma línea, COAG indica que para las granjas de tamaño medio esta adaptación de la normativa implicaría un coste adicional de casi un millón de euros en avicultura de carne y de más de 500.000 euros en porcino, además de provocar el cierre del 95% de las granjas cunícolas. «Existe una gran falta de rigor técnico de campo, al no incluirse el conjunto de garantías disponibles en materia de bienestar animal actualmente. En España se cumplen por encima de la normativa vigente muchos temas de bienestar animal analizados y, además, se certifican», indica Jaume Bernis, responsable de sectores ganaderos de COAG.

"Daños colaterales terribles"

Las asociaciones también denuncian que cuando se pongan en marcha estas medidas, «los daños colaterales serán terribles, ya que la ley no solamente repercutirá en estos tres sectores. ¿Qué pasará con los cebaderos, con la avena, con todo?», se pregunta Barato. «Todo lo que sea aplicar medidas que no cuenten con un estudio de impacto repercutirá en subidas de los costes de producción de la ganadería. Todos los sectores van a estar igualmente dañados. Y a esto habría que sumarle el daño de los sectores indirectos que no están señalados ahora, pero que pueden tener daños en el futuro».

Por ejemplo, en la avicultura de carne, la capacidad de crianza de pollos se reduciría un 50%, por lo que esa bajada de producción repercutirá inmediatamente en un aumento de precio desorbitado para el consumidor. Los expertos aseguran que de los 3,75 euros kilo de pollo entero actual pasaría de golpe a costar 9,75 euros, aunque el precio podría dispararse hasta los 20 euros con el cierre paulatino de las explotaciones, que no podrían afrontar el gasto de un millón de euros para recuperar la rentabilidad al tener que construir instalaciones de 5.400 m2 cuando antes bastaba con solo 1.800 m2.

En el caso del porcino, si se quiere mantener el censo en una granja tipo, se tendría que invertir en ampliar el espacio y en nuevas parideras, con todos los componentes necesarios –ya sea ventilación, fontanería, electricidad, calefacción, accesorios– para poder así mantener el censo. El gasto oscilaría entre 325.000 y 525.000 euros, un coste inviable para la mayoría de las explotaciones, que ya tienen sus márgenes muy cortos.

Desaparición de la cría de conejos

Para el sector cunícola, en el que más del 95% de la producción se realiza en jaulas, la aplicación de esta normativa supondría prácticamente su desaparición, pues la capacidad de producción se rebajaría por debajo de la mitad. En su caso, ni siquiera las inversiones de adaptación a la crianza en suelo sería rentable.

Los expertos calculan que la inversión solo en el sector avícola superaría los 23.000 millones y superaría los 35.000 en el conjunto de todos los sectores.

«Para garantizar la supervivencia del sector, deben tenerse en cuenta los tres pilares de la agricultura sostenible –medioambiental, social y económico– para evitar que la producción desaparezca o se traslade a terceros países con normas menos exigentes en bienestar animal», incide el responsable del sector cunícola de COAG, José Luis Santaclara.

Estudios sesgados y sin rigor científico

Desde las patronales denuncian que las medidas que recoge la normativa van a generar una mayor pérdida de capacidad de las granjas, en la producción o en la proteína de calidad. «Yo creo que el bienestar animal es un equilibrio y, desde luego, tiene que ser un objetivo fundamental para todos, pero hace falta hacerlo con bases científicas, independientes y que tengan en cuenta el impacto socioeconómico, los riesgos, los costos, las necesidades. Y es que aquí volvemos de nuevo con situaciones ideológicas que no conducen a nada, a caprichos diría yo de determinados movimientos ecológicos e, insisto, con falta de rigor científico. Hay muchos estudios que son sesgados y carecen del rigor científico necesario», insiste Barato. Y se pregunta si dicha normativa refleja garantías que se cumplan en materia de bienestar animal en España. «Nosotros en España superamos todos los estándares que tenemos ahora vigentes».

Las asociaciones agrarias abogan por que las medidas deberían hacerse de una forma conjunta. «Sentarse en una mesa y dialogar, ver qué es lo que se está haciendo mal, si es que algo se está haciendo mal. Creo que la comisión vuelve a errar en sus principios. Bienestar animal sí, pero desde luego no con estos planteamientos. Consulten con los verdaderos afectados, no con aquellos que no tienen nada que ver con los sectores».

Choque con la UE

Esta posición choca frontalmente con la que defienden en la Unión Europea, cuya comisaria responsable de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, aseguró el pasado jueves que «el bienestar de los animales da lugar a una mejor salud animal y a una mejor calidad de los alimentos, razón por la que estamos trabajando para mejorar las normas de bienestar animal de la UE, en consonancia con las pruebas científicas más recientes y de una manera que funcione para los granjeros y el sector ganadero».

A la defensa de esta postura, desde la Comisión le suman el resultado del último eurobarómetro, el cual arrojó que la protección del bienestar animal es «esencial» para la mayoría de los europeos. Concretamente, el 84% considera que el bienestar de los animales de granja debería protegerse mejor que en la actualidad, y un número similar (83%) apoya limitar el tiempo de transporte de los animales. En el caso de España, las cifras son similares a la media de la UE, ya que un 80% de los encuestados consideran que se debería proteger mejor a los animales de granja.

Desde las asociaciones agrarias responden que no es que no estén de acuerdo con hacer una normativa, pero reclaman «que demuestren que lo que estamos haciendo está mal, que lo prueben científicamente, porque hacerlo de la forma en la que lo están haciendo, sin ningún tipo de rigor, no parece lo adecuado», apunta Barato.

Con todo, la nueva reglamentación colocará a las explotaciones en una situación límite y los consumidores recibirán un nuevo golpe a su bolsillo tras convertir la carne en un producto de lujo.

Subidón en los huevos

Uno de los alimentos que más ha incrementado su precio en la Unión Europea en el último año ha sido el huevo, casi un 30% con respecto a 12 meses antes, según datos de Eurostat, un 11,5% en España, según el INE. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha pedido ya cambios en las granjas de las gallinas ponedoras, que requerirán altas inversiones por parte de los ganaderos. El desembolso necesario para que la reconversión de las instalaciones cumpla las nuevas exigencias para una granja tipo de 8.000 ponedoras supondría un desembolso para el ganadero de 141.000 euros, lo que repercutiría en el precio de producto, que podría llegar a triplicarse.