El Gobierno lleva el techo de gasto a un nuevo récord histórico: 199.120 millones

El Gobierno ha dado el primer paso para configurar la base principal sobre la que girarán los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, que la ministra insiste en que quiere verán la luz antes del próximo abril. Por ello, el Consejo de Ministros ha dado su aprobación, además a la senda de déficit y de deuda pública -que adelantó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera-, al límite de gasto no financiero, que volverá a marcar nuevo récord..

En concreto, se ha aprobado un techo de gasto de 199.120 millones de euros, un 0,5% más que en este ejercicio y un nuevo máximo histórico, pese a que Montero ha insistido en destacar que es una cifra "prudente" que deja margen para "tomar o prorrogar alguna de las medidas" para combatir la inflación, algo que confirmó se decidirá "antes de final de año". Sin incluir los fondos europeos, el techo de gasto sería de 189.215 millones, un 9,3% más que el de 2023.

El Consejo también ha aprobado la senda de estabilidad presupuestaria, que establece un objetivo de déficit al 3% del PIB para 2024, con lo que "cumpliremos con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento", ha subrayado la ministra. Montero confirmó que ese déficit del 3% del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas se dividirá en un 2,9% que asumirá el Estado -incluidas las dos décimas asignadas a la Seguridad Social-, el 0,1% que lo harán las comunidades y el equilibrio presupuestario para las Administraciones Locales (0%), confirmando lo prometido en el Plan Presupuestario.

Así, las autonomías dispondrán de un déficit de una décima y para las entidades locales se obligará al equilibrio, frente al superávit de dos décimas establecido en abril. Según ha defendido la ministra, "este plan de reequilibrio permitirá corroborar con Bruselas que estamos en el 3% de déficit y no entrar en el procedimiento de déficit excesivo". También se han confirmado los objetivos para los dos años siguientes: del 2,7% para 2025 y del 2,5% para 2026, sin cambios respecto a lo comunicado a Bruselas.

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, se da inicio al proceso presupuestario oficial, por el que se enviará a las Cortes la senda de estabilidad para su aprobación, con el temor del Gobierno de que el PP -que ostenta la mayoría absoluta en el Senado- lo bloquee. Sin embargo, fuentes gubernamentales han explicado que "ese bloqueo no supondría su paralización" ya que "tenemos la fórmula para revertir la situación". Esta fórmula parece clara tras las amenazas de Montero a los gobiernos autonómicos a la finalización con obligarles incluso a asumir más ajuste.

Según fuentes consultadas, el Gobierno cuenta con un informe jurídico, elaborado por la Abogacía del Estado, que habría encontrado un procedimiento legal que permitiría la tramitación de unos nuevos Presupuestos pese al posible bloqueo en el Senado. El informe establece que el Gobierno podrá acudir, según la ley orgánica, en dos ocasiones a intentar aprobar en las Cortes Generales los objetivos de estabilidad para los próximos tres años, con un plazo máximo de un mes en el intervalo entre la primera remisión de objetivos y la segunda. En caso de que no se apruebe por alguna de las Cámaras, el proyecto presupuestario se basará en lo dispuesto en el Programa de Estabilidad que se remitió a Bruselas en el mes de abril.

Por ello, los gobiernos autonómicos tendrían que asumir esa décima de déficit que ahora tienen asignada y las Administraciones locales deberían alcanzar un superávit de dos décimas. Una situación que podría llevar al PP a replantearse su bloqueo para evitar que la mayoría de las comunidades y ayuntamientos, con ejecutivos populares, tengan que asumir un mayor ajuste presupuestario.