El sistema público de pensiones en España atraviesa un momento de creciente tensión que pone en duda su sostenibilidad a largo plazo. La combinación del envejecimiento de la población, el aumento en la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad está reduciendo la proporción de trabajadores activos por cada pensionista. A esto se suma el elevado gasto público destinado a mantener las prestaciones actuales, lo que ejerce presión sobre las cuentas del Estado. Aunque se han hecho ajustes en la edad de jubilación y en los años de cotización requeridos, las reformas no han sido estructurales ni suficientes para garantizar el equilibrio futuro del sistema.

Para las generaciones que comienzan ahora su vida laboral, el panorama es incierto. En un mercado caracterizado por la precariedad, la temporalidad y la incorporación tardía al empleo estable, los jóvenes tienen dificultades para acumular las cotizaciones necesarias que garanticen una pensión digna. Además, son ellos quienes probablemente deban asumir un mayor esfuerzo contributivo para mantener a una población jubilada en aumento, lo que agrava las desigualdades entre quienes accedieron a un sistema más generoso y quienes solo encontrarán un modelo cada vez más exigente y menos rentable en términos de protección social.

Pese a las advertencias técnicas sobre la necesidad de una reforma profunda, los intereses políticos dificultan cualquier cambio estructural. El sistema de pensiones representa uno de los pilares electorales más sensibles y pocos gobiernos se arriesgan a impulsar medidas impopulares, aunque necesarias. Mientras en otros países europeos se han adoptado modelos mixtos o capitalización obligatoria para diversificar el riesgo y reducir la carga pública, en España persiste unaresistencia a introducir transformaciones de fondo. Esto plantea una disyuntiva cada vez más evidente entre mantener un sistema políticamente rentable o adoptar uno económicamente sostenible.

¿El sistema político o una economía sostenible?

Óscar García, economista, explicó los aspecto básicos para entender el por qué de esta disyuntiva. Pese a la creencia existencia de que se está creando una burbuja insostenible que tendrá que explotar tarde o temprano, el especialista explica cómo están protegiendo este modelo de pensiones para que perdure al menos en el corto plazo. "Lo van corrigiendo reduciendo la pensión de los futuros pensionistas. Al pensionista actual no se le toca", aclara. Es importante matizar la figura del "pensionista", debido a que se percibe como aquel que ya está cobrando ese dinero, y no al que lo cobrará dentro de cinco años, por ejemplo. En este contexto, concierne el presente mientras no miramos al futuro.

Pero, ¿a qué se debe este movimiento? "Recortar las pensiones (actuales) es un suicidio político", sentencia. Esto se debe a que, en realidad, según está establecida la legislación, cada vez son más los pensionistas y este sector de la población influye mucho en las urnas, debido a que en su cultura está interiorizado el voto, sobre todo, en comparación con las nuevas generaciones. "Además, las zonas vacías tienen sobre representación electoral", añade. Este factor es fundamental para entender porque es tan importante recolectar el voto de estas personas en función de su localidad y el sitio exacto en el que se encuentra residiendo.

La representación electoral de los pensionistas

Siguiendo con lo mencionado, García explica que "más o menos, un voto de alguien en Teruel vale cuatro veces el de alguien de Madrid". De esta forma, en proporción con el resto de ciudades grandes, en esta clase de ubicaciones conviene tener el voto asegurado. "No es solo que sean más, sino que sus votos valen más, por lo que es un suicidio político para cualquier político el recorte", expone. Al no haber una cantidad de dinero adecuada, los perjudicados son los futuros pensionistas que son sometidos a reajustes continuos. "Si tu en vez de jubilarte a los 65 te jubilas a los 70 más produces y menos gastas", concluye.