Impuestos
¿Pagar por tener gases? Una diputada argentina propone cobrar un impuesto por las flatulencias de las vacas
El proyecto abrió una discusión intensa sobre el rol de la ganadería y los límites de las políticas ambientales
Imagina que cada res en un campo tuviera una factura por gas expulsado, esa es la idea central del polémico proyecto legislativo que hoy divide al agro argentino. La diputada Lucía Klug propone imponer una “Tasa Ambiental sobre el Metano” (TAMBA), gravando los gases que producen las vacas.
Lo que en principio suena a broma o a un vídeo viral se convirtió en tema serio de debate cuando voces del sector rural salieron en tromba a cuestionar su viabilidad. Ahora, la promesa de recaudar para el medio ambiente choca con un rechazo masivo y objeciones técnicas.
¿En qué consiste la propuesta?
El proyecto plantea la creación de la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), que obligaría a las empresas ganaderas de la provincia a pagar un cargo en función de las emisiones de dióxido de carbono equivalente generadas por su actividad.
La medida se fundamenta en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor y prevé la constitución de un fondo fiduciario destinado a compensar dicho metano mediante mejoras en la gestión de residuos sólidos urbanos.
La justificación ambiental
La iniciativa señala que la provincia de Buenos Aires figura entre las principales emisoras de gases de efecto invernadero del país, generando alrededor de un cuarto del total nacional. El 27 % de esas emisiones corresponde al metano, gas en el que la ganadería es responsable del 19 %.
El texto subraya que la fermentación entérica y el manejo del estiércol son fuentes clave y que la creación del fondo permitiría avanzar hacia políticas ambientales más eficientes.
La respuesta del campo: rechazo inmediato
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) respondió de forma contundente. La entidad afirmó que el proyecto carece de respaldo técnico, ya que no existe un método confiable, económico y masivo para medir las emisiones de metano de cada animal. Sin un sistema preciso de cuantificación, sostienen, la tasa sería inaplicable y terminaría funcionando como un impuesto encubierto.
Un impacto directo en producción y empleo
Productores y representantes del sector advirtieron que la ganadería bonaerense ya soporta una de las presiones fiscales más altas del país. Sumar un impuesto sobre las emisiones argumentan solo encarecería la producción, reduciría la competitividad y afectaría el empleo rural. Desde CARBAP remarcan que la medida no disminuiría las emisiones sino que castigaría a quienes generan alimentos y sostienen la economía de múltiples comunidades.
La dificultad de medir el metano: un problema sin resolver
Las críticas no apuntan únicamente a la carga fiscal, sino también a la inviabilidad técnica. En la actualidad no existe una tecnología accesible para medir las emisiones individuales de metano en el ganado. Implementar un mecanismo de monitoreo implicaría infraestructura especializada, certificaciones y un aumento de costos que, según el sector, no tendría correlación con una mejora ambiental real.
Emisiones en Argentina y el contexto internacional
En Argentina, la principal fuente de metano es la actividad agrícola y ganadera, principalmente por la fermentación entérica del ganado bovino. Le siguen el sector energético por fugas y venteo en la producción de gas y petróleo y la gestión de residuos, que también genera emisiones relevantes en basurales a cielo abierto y rellenos sanitarios.
Dinamarca, el antecedente que marca el debate
A nivel internacional, Dinamarca se prepara para convertirse en el primer país en aplicar un impuesto sobre las emisiones de metano provenientes del ganado vacuno y porcino. La medida comenzará en 2030 y aumentará progresivamente. Sin embargo, a diferencia del caso argentino, allí existe un acuerdo entre gobierno, oposición y sectores productivos, lo que facilita el avance de la política.
Un debate entre urgencia climática y presión impositiva
El proyecto de la TAMBA abrió un frente de discusión en el que chocan dos prioridades: la necesidad de abordar la crisis climática y la preocupación del sector productivo por nuevas cargas fiscales. La propuesta de Klug pretende vincular la ganadería con la responsabilidad ambiental, pero su viabilidad técnica y su impacto económico generan fuertes dudas. El desafío ahora es encontrar soluciones que permitan avanzar en sostenibilidad sin comprometer la actividad que sostiene a miles de productores.