La parálisis parlamentaria provocada por la incapacidad de sacar adelante leyes y medidas por parte del Gobierno pone en peligro la llegada de buena parte de los fondos europeos, situación que se ha agravado por el ambiente político adverso que han generado los escándalos de corrupción que se multiplican en el PSOE vinculados al «caso Koldo» y que amenaza con frenar propuestas vinculadas al quinto pago de los fondos europeos Next Generation en el Congreso de los Diputados, entre ellos el impuesto al diésel, vinculado a la reforma fiscal, y el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, lo que supone un nuevo parón en una tramitación marcada por las interrupciones desde hace más de tres años.

Considerada una de las leyes más importantes de la legislatura para luchar contra el cambio climático y modernizar la movilidad en España, la Ley de Movilidad Sostenible es una de las reformas comprometidas por el Gobierno con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, lo que supone que España podría perder 10.000 millones de euros de fondos europeos si no sale adelante, de los 23.900 millones correspondientes al quinto pago, un golpe muy significativo.

El objetivo del Gobierno era que la ley entrara en vigor este año, en cumplimiento de su último compromiso con la Unión Europea (UE), por lo que estaba previsto que la Comisión de Transportes aprobara la moción esta semana, como paso previo a la ratificación en el pleno para su remisión al Senado.

Sin embargo, horas antes de celebrarse, la comisión fue desconvocada, al no contar el PSOE con los apoyos garantizados, ya que las relaciones con algunos de sus socios se han tensado porque estos consideran insuficiente la reacción del presidente Pedro Sánchez ante la presunta trama de corrupción que implica a altos cargos de su partido. Fuentes de la comisión apuntan a los diputados de Podemos como los más reacios a facilitar la aprobación de esta ley y aseguran que «ni siquiera han querido negociar sus enmiendas».

Desde el departamento que dirige Óscar Puente han pedido a los grupos parlamentarios una «reflexión para trabajar en beneficio de los ciudadanos» y han recalcado que la aprobación de esa ley «supone la llegada de 10.000 millones en fondos europeos o la solución a problemas como el mapa concesional de autobuses para mantener los servicios».

Tres años después de la aprobación en el Consejo de Ministros de esta Ley se vuelve a frenar su tramitación, aunque fuentes gubernamentales aseguran que no descartan retomarlo en julio.