Durante gran parte del siglo XX y las primeras décadas de este siglo, España consolidó un relato que situaba a la clase media como eje de cohesión social y motor del crecimiento económico. A partir de la transición democrática, la expansión del Estado del Bienestar, el acceso masivo a la educación superior y un mercado laboral en expansión permitieron a millones de familias integrarse en ese estrato intermedio de ingresos, patrimonios y expectativas. Esa base social garantizó estabilidad política y confianza en el futuro, al tiempo que reforzó el proceso de modernización del país.

En los últimos quince años, sin embargo, la realidad ha cambiado de manera drástica. La crisis financiera de 2008, la posterior década de austeridad, la pandemia de 2020 y el reciente repunte de la inflación han dibujado un panorama caracterizado por la precariedad, la desigualdad y la fragilidad de los hogares. España se enfrenta hoy a un fenómeno que en apariencia resulta paradójico: “el del trabajador pobre”. A diferencia de épocas anteriores, el empleo ya no constituye una garantía de prosperidad ni un escudo frente a la exclusión social.

El concepto de “trabajador pobre” refleja la incapacidad del mercado laboral para asegurar una vida digna a quienes cumplen con la regla más básica del contrato social: tener un empleo. Jornadas largas, contratos temporales, salarios bajos y un coste de la vida en ascenso —en especial en vivienda y energía— se combinan para convertir el trabajo en una condición necesaria, pero ya no suficiente, de estabilidad económica. Entre 2008 y 2023, los salarios reales en España han crecido muy por debajo de la productividad y del coste de los bienes esenciales. A ello se suma la transformación del mercado inmobiliario, convertido en un bien de alta demanda especulativa que expulsa a los jóvenes y tensiona a la población en general.

La desaparición progresiva de la clase media no solo tiene efectos sobre el consumo y la dinámica macroeconómica, sino que choca de frente con la promesa de movilidad social ascendente, elemento central de las democracias modernas. Cuando el esfuerzo académico, la trayectoria laboral y el cumplimiento de las normas de convivencia ya no permiten mejorar las condiciones de vida, se genera un sentimiento colectivo de frustración y desconfianza hacia las instituciones.

Desde un punto de vista económico, esta erosión implica varios riesgos. Primero, la reducción del consumo interno: la clase media ha sido tradicionalmente la que más contribuye a sostener la demanda agregada. Segundo, el debilitamiento de la capacidad de ahorro y, con ello, de la inversión en capital humano de las siguientes generaciones. Y tercero, una mayor dependencia de rentas patrimoniales y herencias, lo que cristaliza desigualdades estructurales y perpetúa brechas intergeneracionales.

Pero tal vez los riesgos más preocupantes sean los de naturaleza política. La clase media actuaba como fuerza de moderación, disuadiendo los excesos de polarización y sosteniendo el pacto democrático sobre el que se edificó la España contemporánea. Su debilitamiento, en cambio, alimenta la tentación del extremo: discursos populistas, promesas simplistas y una creciente desafección hacia los partidos tradicionales. El terreno fértil de los extremismos radica en esa sensación extendida de que el sistema ya no ofrece respuestas justas ni oportunidades creíbles.

La reconstrucción de la clase media requiere un enfoque integral. No basta con invocar la importancia del crecimiento; es necesario vincular crecimiento con redistribución efectiva. Ello implica políticas laborales que garanticen salarios dignos y estabilidad; políticas fiscales que refuercen la progresividad y reduzcan la desigualdad; y una estrategia en vivienda que impida que el mercado siga alejándose del poder adquisitivo real de la población trabajadora. Movilidad social, cohesión territorial y confianza en el Estado del Bienestar son dimensiones esenciales de esa agenda.

La cuestión es, en última instancia, de viabilidad de nuestra democracia y nuestro modelo económico. Sin una clase media sólida, se desploma la legitimidad de las instituciones, el dinamismo del mercado interno y la confianza en que el esfuerzo genera oportunidades. La clase media no es una categoría estadística, sino el tejido que equilibra prosperidad económica y estabilidad política. Permitir que desaparezca sería aceptar un futuro marcado por la segmentación social, la inestabilidad democrática y el descrédito del propio contrato social que hizo posible la modernización de España.

Álvaro Hidalgo. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la UCLM y Presidente de la Fundación Weber.