La UE pide a sus miembros casi 66.000 millones para Ucrania, migración y tecnologías limpias

La Comisión Europea pidió este martes a los Estados miembros nuevas contribuciones nacionales al presupuesto de la UE por un valor de 65.800 millones para financiar hasta 2027 las principales "prioridades políticas" del bloque, como son el apoyo continuado a Ucrania, la gestión de la migración y las inversiones en tecnologías limpias. El comisario de Presupuestos del Ejecutivo comunitario, Johannes Hahn, presentó la propuesta de la institución para revisar el Marco Financiero Plurianual (MFP) para los últimos cuatro años del periodo 2021-2027 tras haber visitado durante los últimos meses las capitales europeas en busca de apoyo político para la reforma. "Si queremos ser un actor político y económico a nivel global necesitamos más recursos y al mismo tiempo utilizar de forma flexible los fondos existentes. Creo que este mensaje fue entendido", justificó el austriaco para instar a los Estados miembros y también a la Eurocámara a apoyar esta revisión presupuestaria.

Hahn explicó en una rueda de prensa que, en consecuencia, se pedirá a las capitales un aumento de sus contribuciones al presupuesto comunitario "de una magnitud de 65.800 millones" de euros de "dinero fresco". La principal novedad de la revisión será el paquete de 50.000 millones que Bruselas propone para seguir apoyando económicamente a Ucrania desde el próximo año y hasta 2027, de los cuales prevén canalizar 33.000 millones a través de préstamos y otros 17.000 millones en subvenciones directas, aunque la distribución concreta se decidirá año a año. La propuesta combina un componente de préstamos que se financiará con la emisión de bonos y una parte de subvenciones con cargo a los recursos propios del presupuesto de la UE, que proporcionará unos ingresos de unos 16.000 millones de euros al año.

La Comisión Europea plantea reforzar con 15.000 millones de euros la dotación destinada a reforzar la política migratoria del club, tanto en su dimensión interior como en su dimensión exterior a través del diálogo y acuerdo con terceros países. Para proporcionar financiación suficiente para la gestión de la migración y el control fronterizo, así como para la aplicación del Nuevo Pacto sobre Migración, la Comisión propone aportar 2.000 millones de euros; además de aumentar el límite máximo de la financiación exterior con 10.500 millones de euros adicionales y destinar otros 2.500 millones a la reserva para ayuda de emergencia y solidaridad. De la misma forma, Bruselas propone crear la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europea (STEP), dotada con 10.000 millones de euros, con el objetivo de canalizar inversiones hacia sectores como las tecnologías limpias o la biotecnología a fin de impulsar la competitividad del bloque ante la pujanza de otras potencias como China o Estados Unidos.

Esta plataforma se servirá de programas ya existentes como el Fondo de Innovación, el plan de inversiones InvestEU o el Fondo Europeo de Defensa y surge de la iniciativa personal de la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, para crear un "fondo de soberanía" que compitiese, principalmente, con el programa de subsidios verdes lanzado por Washington. Asimismo, la Comisión Europea sugiere crear un "mecanismo" especial para hacer frente al "incremento sin precedentes" de los tipos de interés de la deuda emitida para financiar el plan de recuperación. Bautizado como Instrumento EURI, cubrirá exclusivamente los costes de la deuda por encima de las proyecciones hechas en 2020, que Bruselas cifra por ahora en unos 19.000 millones. Junto a todo esto, el departamento que dirige Johannes Hahn pone sobre la mesa de los Estados miembros y de los eurodiputados una nueva cesta de ingresos propios de la UE para recaudar unos 36.000 millones adicionales al año hasta 2028.

En primer lugar, Bruselas quiere ajustar dos "recursos propios" con los que ya cuenta la UE, como son parte de los ingresos que se generan dentro del sistema europeo de comercio de emisiones de CO2 (ETS) y también parte de la recaudación procedente del gravamen que se aplica a las importaciones con huella de carbono desde terceros países. A estos dos aspectos, el Ejecutivo comunitario plantea añadir una nueva fuente de ingresos basada en los beneficios operativos de las sociedades financieras y no financieras de cada país que tendrán que pagar los Estados miembros cada mes y "no afectará de ninguna manera a las empresas ni aumentará sus costes". En particular, será una tasa "temporal" del 0,5 % sobre el resultado bruto operativo de las empresas de cada país calculado por la oficina europea de estadística Eurostat.